El Gobierno publicará la “letra chica” para acceder al plan de pagos previsional que aprobó el Congreso, mediante el cual se podrían jubilar unas 800.000 personas sin los aportes correspondientes. La reglamentación, que será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial, asegura que por el “esfuerzo fiscal que trae aparejado”, resulta de importancia incluirle “pautas de evaluación socioeconómica y patrimonial”.
Los requisitos llegan tras la fuerte crítica del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la moratoria, que en su último reporte la calificó como “imprevista”, y pidió “contener los costos fiscales” a través de “focalizar el régimen a los más necesitados”. La reglamentación cumple al menos tres pedidos que hacía el FMI.
En febrero, el Congreso aprobó el Plan de Pagos de Deuda Previsional, que permitirá jubilarse a mujeres de 60 años y hombres de 65 que no tuvieran los 30 años de aporte requeridos. La normativa fue publicada rápidamente, a mediados de marzo, en el Boletín Oficial, como la ley 27.705. Allí se estableció que las personas podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008, con un monto a descontar de las jubilaciones que no podrá exceder las 120 cuotas mensuales, y no podrá superar el 30% del haber mínimo vigente.
Sin embargo, en la publicación de la ley quedó establecido que el Poder Ejecutivo tenía un plazo de 90 días para proceder a su reglamentación. Esta letra chica fue redactada durante las últimas semanas por la Anses, organismo que conduce Fernanda Raverta, en conjunto con la AFIP, de Carlos Castagneto. El intercambio de borradores podría haber llegado a su fin y la reglamentación estaría lista este mismo jueves, pero con los feriados recién se hará pública en el Boletín Oficial la semana que viene.
En las recomendaciones de política económica que hace el FMI cada tres meses cuando publica el reporte con el seguimiento de las metas, indicó: “Se requieren acciones tempranas y decisivas para abordar de manera duradera los importantes costos fiscales no financiados de la moratoria de pensiones imprevista, de 0,4% del PBI a mediano plazo, para asegurar el camino de la consolidación fiscal”.
Pese a la sequía, la meta de déficit fiscal se mantiene en 1,9% del PBI. “La moratoria creó desafíos adicionales para la consolidación fiscal, para lo cual se requerirán medidas de política adicionales para mitigar el impacto y mantener la senda de ajuste fiscal programada”, agrega el documento, publicado este lunes a última hora, días más tarde de la aprobación de la cuarta revisión.
Parte de los reclamos que hace el FMI en el informe del lunes se verán en la reglamentación, según la información que pudo obtener Ámbito. El documento del Fondo asegura que para hacer frente a los costos de la moratoria, previstos para este año en 0,2% del PBI, y para el mediano plazo en 0,4%, “se están realizando esfuerzos para emitir un reglamento de aplicación, para orientar la entrada en la moratoria a aquellos con mayor necesidad”, y así lograr un ahorro del 0,2% del PBI.
El FMI mencionaba cuatro: garantizar “fuerte verificación de recursos”, basada en ingresos y riqueza; aumentar las deducciones de las pensiones, mediante una estructura de tipos de interés que aumente con el aumento de las cuotas de cotización; permitir el acceso solo a quienes hayan realizado algunos aportes al sistema de pensiones y no estén recibiendo otros beneficios sociales; y por último, renunciar al acceso al tipo de cambio oficial.
Al menos tres de estas fueron cumplidas: en cuanto a la verificación de recursos, la reglamentación establece en uno de sus artículos cuánto tiene que ser el ingreso bruto promedio mensual de los 12 meses anteriores a la fecha de evaluación, el gasto y consumo promedio también del último año, en el que se analizará el uso de las tarjetas, y la “manifestación patrimonial en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias”. Una evaluación socioeconómica recién fue incluida en las moratorias de 2014, con Diego Bossio. Aunque sí podrá ocurrir que el que no pase la evaluación, pueda cancelar la cuota en un solo pago y así poder acceder.
Es que la reglamentación que será publicada asegura que “el mencionado régimen está dirigido a aquellas personas que presenten una mayor vulnerabilidad en términos sociales”. Además, a diferencia de las primeras moratorias de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, por las cuales se jubiló el grueso de las personas sin aportes, esta moratoria será incompatible con otras prestaciones previsionales.
El punto del FMI que asegura que no podrán acceder al dólar ahorro fue ratificado este lunes en un comunicado que hizo el Banco Central. Otro de los puntos a los que hace referencia el Fondo es que el Gobierno ya finalizó uno de los pedidos estructurales que le venía haciendo desde que se firmó el acuerdo, en marzo del 2022, y es “realizar un estudio de diagnostico de los regímenes especiales de las pensiones”. Lo que no es público es su resultado ni para qué se usará. De momento, desde la oposición de Juntos por el Cambio vienen alertando sobre la modificación de estos regímenes especiales.
Lo que sí, la letra chica no incluye algunas recomendaciones que hacía el FMI: por ejemplo, lo de tener tasas de interés más altas cuanto más cuotas, dado que las cuotas se actualizan por movilidad, para mantener la relación cuota/haber, aunque está claro que a mayor cantidad de años a regularizar, mayor será el monto de la cuota. Tampoco está previsto el punto de que queden afuera quienes no tienen ningún aporte. Fuentes consultadas consideran que es contradictorio este punto con el de llegar a los más necesitados.
