El Tribunal Constitucional dio sentencia acerca de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, dejándola lista para su promulgación. 

De acuerdo al órgano legislativo, se resolvió que el artículo 122 se encuentra ajustado a la Constitución, mientras que para el resto de las disposiciones del proyecto decidió no emitir pronunciamiento en el examen preventivo de constitucionalidad por no versar sobre materias propias de ley orgánica constitucional.

“En ese sentido, en un mero test de evidencia entre las normas controladas ya mencionadas y las disposiciones de la Carta Fundamental, se deriva que las materias tratadas por ellas son propias de preceptos orgánicos constitucionales”, señaló el TC en su sentencia que se conoció este jueves.

Con esto, el proyecto cumple con su último paso, después de haber sido despachada en su tercer trámite constitucional de la Cámara de Diputados en julio pasado, y quedaría lista para convertirse en ley. 

Al respecto, el ministro de Economía, Álvaro García, destacó que con el fin de la revisión por parte del TC, el proyecto queda en condiciones para ser promulgado y publicado. 

“En el Ministerio estamos preparados para esta nueva etapa que viene que es la implementación de la normativa, estamos adelantando trabajo para cumplir con nuestro objetivo de que la Ley de permisos quede totalmente operativa durante este gobierno para potenciar el impulso a la inversión, pilar fundamental del crecimiento”, dijo.

La iniciativa del Ejecutivo llegó al Parlamento en enero de 2024 con el fin de reducir los tiempos de tramitación de los permisos de proyectos de inversión entre 30% y 70%, dependiendo de la magnitud de los mismos.

En esta línea modifica 380 autorizaciones sectoriales, que pertenecen a 37 servicios y 16 ministerios.

Así, el proyecto impulsa la creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, la que estará al interior de la Subsecretaría de Economía. Sus funciones serán coordinar, monitorear, asesorar y operar el sistema. Para esto, tendrá un jefe e impulsará mesas regionales y la modernización continua de permisos.

Además, debutará el uso de las llamadas Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), declaraciones juradas o avisos que reemplazarán a los permisos de bajo riesgo y que estarán sujetas a fiscalización ex post. En caso de fraude, habrá sanciones.

Ahora el Congreso aún debe remitir el oficio correspondiente y empieza el plazo de 10 días para la promulgación de la ley. Luego, la Contraloría General de la República (CGR) deberá tomar razón y corren cinco días para su publicación en el Diario Oficial, gestión que recae en la cartera de Economía.