El presidente Guillermo Lasso decidió no esperar más y se dio por notificado, este 6 de abril de 2023, con el inicio del juicio político en la Asamblea Nacional y pidió que se certifique si las pruebas en su contra fueron singularizadas a la acusación de peculado, algo que no ocurrió.

El titular de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, había explicado que esta tarde terminaban las 72 horas que dio como plazo para que los proponentes precisen qué pruebas, de las 20 que presentaron, usarían para sustentar el juicio político, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional admitió únicamente la causal de peculado y no las de concusión.

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En la misiva, el mandatario recuerda que la Constitución establece que el procesado debe conocer la determinación de hechos específicos y pruebas del expediente que sustenten la acusación, antes de la presentación de las pruebas de descargo.

Además, autoriza al abogado Édgar Neira Orellana para que lo represente en el trámite en la Comisión de Fiscalización, así como en la entrega de escritos, pedidos de práctica de prueba, impugnación de pruebas o interrogatorios. El mandatario está obligado a concurrir ante el pleno de la Asamblea.

La asambleísta oficialista, Ana Belén Cordero, explicó que una vez que Lasso se dio por notificado incluso antes de lo previsto, los plazos empiezan a correr desde el viernes 7 de abril. Los primero es recibir, en diez días, la defensa del mandatario, así como las pruebas de oficio que solicite la Comisión.

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Los proponentes del juicio político Viviana Veloz (Unión por la Esperanza); Mireya Pazmiño (disidente de Pachakutik); Pedro Zapata (Partido Social Cristiano); enviaron el 5 de abril a Villavicencio un oficio explicando que no harían la singularización. Ese documento no estuvo firmado por Rodrigo Fajardo (Izquierda Democrática) que también impulsa el proceso.

Por eso, Villavicencio anunció este 6 de abril que ha solicitado a la Corte Constitucional que aplique un seguimiento al cumplimiento obligatorio de su dictamen, para que en el juicio político “no se haga más allá” de lo que decidieron seis jueces constitucionales.