La Contraloría General del Estado confirmó este 24 de marzo de 2023 la emisión de una glosa por 1’263.334 de dólares para diez funcionarios que laboran en la Coordinación Zonal 1 del Ministerio de Educación por irregularidades en la gestión de las bodegas de dicha jurisdicción. La entidad también determinó responsabilidades civiles.
Según explica la entidad, la cifra responde a la diferencia encontrada entre la cantidad de bienes adquiridos mediante régimen de emergencia y las cantidades registradas en las actas de distribución de los insumos para el equipamiento de las unidades educativas de la coordinación zonal que alberga a las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos.
Las discrepancias en los insumos fueron encontradas durante el examen especial que realizó la Contraloría a 24 contratos por régimen de emergencia impulsados por la Coordinación Zonal 1 para equipar las unidades educativas de Esmeraldas, afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016.
Asimismo, la entidad encontró que los directores, analistas, coordinadores y administradores de los contratos “no tomaron medidas para garantizar la conservación, seguridad, manejo y control adecuado de los recursos institucionales”, pese a que era parte de sus competencias como funcionarios.
El examen especial también determinó que los presupuestos referenciales no se establecieron a partir de análisis de las condiciones del mercado y de adquisiciones efectuadas previamente por la misma entidad. Según la Contraloría, los precios de los bienes incrementaron injustificadamente hasta en un 133 %, que representa excesos de 148.930 dólares.
“Los informes de viabilidad y términos de referencia de las contrataciones se elaboraron sin información suficiente, que justifique la cantidad de bienes necesarios para solventar la situación de emergencia”, explicó la entidad e indicó que tampoco se consideró el tamaño de las unidades educativas, los niveles escolares, su capacidad física y operativa, cantidad de estudiantes y de personal docente y administrativo de las unidades.
“Durante el examen se estableció la ausencia de justificativos para la selección de los proveedores invitados a participar y, durante la fase de calificación, no se verificó que los oferentes cumplan con la experiencia general establecida en los pliegos del proceso”, continúa el detalle de la Contraloría y añadió más irregularidades.
A los proveedores, según sigue la entidad, no se les revisó si su actividad económica era compatible con los objetos de cada uno de los contratos, situación que “llevó a que no se garantice la participación de proveedores con la capacidad de entregar los bienes requeridos por la Coordinación Zonal 1” del Ministerio de Educación.
