Con un calendario electoral complicado por provincias que votan a partir de abril y mayo, el Congreso se apurará en las próximas semanas para realizar, al menos, un puñado de sesiones. Al igual que en el período extraordinario, y pese a la fuerte puja política entre oficialismo y oposición, Diputados se encamina a concretar -en parte- su cometido ante un Senado que sigue trabado y que, en el caso del cristinismo, erra la estrategia para desactivar el freno legislativo.

En la Cámara baja, que preside Cecilia Moreau, el Frente de Todos quiere sesionar el martes 28 y, un día después, recibirá en reunión informativa al flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Para el primer encuentro se destaca el proyecto de fortalecimiento de la Justicia federal en Santa Fe, una iniciativa que fue demorada durante meses en los que se acumularon -en particular, en Rosario- asesinatos y pérdida de control de calles por el narcotráfico.

La ley sobre Santa Fe apunta a crear fiscalías, defensorías y jueces federales de revisión para avanzar, con mayor rapidez, con las causas penales. El texto fue dictaminado a inicios del corriente mes por un plenario de las comisiones de Justicia (comanda el ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade); y de Legislación Penal (preside la macrista María Luján Rey). No obstante, aún resta un despacho de la de Presupuesto y Hacienda, que maneja Carlos Heller y no se unió al plenario. Esto ocurrirá pasado mañana, después de días de indefiniciones y explicaciones difusas desde su despacho.

Por otra parte, diputados del Frente de Todos y Juntos por el Cambio consensuaron reanudar la discusión sobre créditos UVA con el fin de desactivar un pedido de sesión especial para pasado mañana. Un día antes habrá un nuevo episodio que promete fuertes cruces en la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, con un kirchnerismo que, de la mano de Carolina Gaillard -por momentos ya empieza a perder el control del debate-, empuja un proceso contra toda la Corte Suprema de Justicia.

Mañana se analizarán testimonios sobre el fallo “Muiña”, relacionado con supuestos beneficios para condenados por delitos de lesa humanidad. La mayoría kirchnerista en la comisión -16 sobre 31- votó la citación del exministro de Justicia macrista, Germán Garavano.

También fueron convocados el senador del PRO -y exasesor jurídico de Mauricio Macri- Pablo Torello, y el exfuncionario de Cambiemos Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, cuya citación será comunicada a Interpol por su condición de prófugo.

En la Cámara alta, cuatro legisladores rompieron el interbloque cristinista -que preside el formoseño José Mayans- y armaron la bancada federal. A partir de allí, el oficialismo no tuvo en cuenta la agenda del nuevo espacio -clave para el quorum- y empezó a negociar, la semana pasada, una sesión con el macrismo. El objetivo es el jueves 30.

Juntos por el Cambio sostiene su postura de no dar quorum en sesiones mientras dure el juicio político aunque, al igual que en Diputados, sí se sentaría para votar pliegos judiciales -planchados por el propio Frente de Todos- relacionados con Santa Fe.

La bancada federal se adelantó a esa negociación y pidió, días atrás, una sesión especial para el miércoles 29 que incluye lo de Santa Fe y sumas algunas leyes que no son tenidas en cuenta por el crisitinismo. Ante esta nueva indefinición, y con un Senado casi inmóvil durante meses, el Frente de Todos eligió una estrategia errada para echar culpas y, lo único que consiguió, fue reforzar más la idea de inactividad deseada.