El equipo económico viaja a Washington para participar de la Asamblea Anual Conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de Primavera (boreal) con un activo importante para mostrar ante el staff técnico del organismo: el costo final de la aplicación de la moratoria previsional estará bajo control, y no alterará la meta anual de un déficit fiscal final de 1,9% del PBI. La manera restrictiva en la que se reglamentó la ley aprobada por el Congreso y los requisitos de ingreso, destinados sólo a los sectores menos protegidos de los futuros jubilados haría que los recursos necesarios para atender la legislación no impliquen un incremento fuerte y sin control del gasto, sino que la propia evolución fiscal del segundo semestre irá diluyendo el impacto de la moratoria, con lo que la meta final no estaría en peligro. Al menos no por el régimen.
Según el Gobierno, la moratoria está ya hablada con la número dos del FMI, la norteamericana de origen indio Gita Gopinath, quien en sus reuniones con los argentinos no prohibió ni se manifestó abiertamente en contra del llamado a regularizar incumplimientos previsionales, sino que reclamó conocer el costo final previsto y su fuente de financiamiento. Originalmente la moratoria, de acuerdo a los cálculos de los legisladores oficialistas, iba a tener un costo final de 0,2%; mientras analistas privados y opositores elevaban ese porcentaje a más de 0,6%. Ante el panorama, los responsables del Fondo que tratan el caso argentino pidieron más precisiones sobre el nuevo régimen antes de sacar conclusiones. Pero Gopinath, que en general no suele condenar ni censurar propuestas de asistencia social siempre que se demuestre que pueden ser financiables o no alteren metas fiscales, le dio al equipo económico la oportunidad de mostrar números antes de sacar conclusiones.
El Palacio de Hacienda se comprometió, y cumplirá, a llevar esos datos a la asamblea de Primavera, con lo que el tema se resolverá en los próximos días. Junto con el resto de los objetivos (no metas) que aún quedan por discutir para cerrar, al menos en los planes, la secuencia económica a la que el Gobierno nacional se comprometerá a cumplir durante este complicado 2023.
En lo referente a la moratoria, puntualmente, lo que quiere saber el equipo que fiscaliza al país desde Washington, es el costo fiscal de incorporar al sistema a las casi 800.000 personas que según la nueva norma podrían sumarse al régimen previsional vigente. Y si este es sostenible con la evolución del déficit ante un panorama de pérdida de recaudación por las consecuencias de la sequía. La clave en realidad es que es difícil que ese número sea el que pueda ingresar, y que la cifra final será sensiblemente menor.
Desde Buenos Aires se asegura que no habrá que aumentar el gasto previsional (ya quebrado entre ingresos y erogaciones) más de un 0,2% del PBI, y que recién a ese porcentaje se llegaría a mediados de 2024. Se afirman, además, que el gasto podría ser menor ya que habría menos personas que tramitarían sus jubilaciones a través de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) destinada a aquellos que no están en condiciones de jubilarse, la que otorga el equivalente al 80% de la jubilación mínima.
Sobre la pérdida de recaudación contra la inflación de casi 10 puntos en promedio durante el primer trimestre, desde Economía se afirma que esa situación es coyuntural, y que para abril habrá otra vez una relación superavitaria entre recaudación y alza de los precios. Para el FMI, que se logre esta promesa será clave para no cuestionar la nueva moratoria ya que, afirman desde Economía, cuando se retome el ritmo positivo, el gasto para los nuevos jubilados distribuidos a lo largo de los próximos meses, será de impacto nulo en las cuentas fiscales.
Según la visión de los viajeros hacia Washington, habrá otros datos más complicados que analizar con el FMI. El primero será que la proyección del FMI sobre la inflación no se desprenda mucho más allá del 60% original. Además, el organismo debe aceptar el programa oficial de reducción de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, la estrategia de reactivación del ingresos de divisas del BCRA, el plan de racionalización del esquema cambiario y la premisa que este año el país crecerá de manera real.
