El juicio político al fiscal de San Isidro Claudio Scapolán ingresó en la recta final de alegatos pero atravesado de una serie de irregularidades que tiñen el proceso y llaman la atención sobre un trasfondo político enrarecido que motivó que los tiempos se aceleraran para alcanzar su destitución y el tema pueda incidir en la campaña electoral.
Ayer, dos diputados y un senador del Frente de Todos se presentaron para denunciar a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento que está llevando a cabo el procedimiento, Ana María Bourimborde por abuso de autoridad, tras haberse negado a remitir todas las actuaciones a la Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense que no había emitido opinión sobre el caso por no haber estado conformada cuando se inició. Se dio por firme su declinatoria a participar, a contramano del resto de los procesos abiertos donde la Suprema Corte había ordenado que se giren los expedientes a uno de los órganos previstos por la constitución provincial para actuar.
Pero en paralelo, y en un hecho de mayor gravedad, un testigo “arrepentido” aseguró que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Federico Domínguez lo presionaron y “coaccionaron” para armar una declaración falsa. El impacto en el jury fue tan grande que los miembros del tribunal ordenaron investigarlo por falso testimonio pero, a su vez, extraer sus dichos para investigar a los funcionarios judiciales federales ante un escándalo en ciernes.
Arroyo Salgado y Domínguez habían investigado a Scapolán, procesaron a medio centenar de personas -incluidos policías y funcionarios judiciales- y condujeron un expediente donde se suponía que se había desbaratado una organización que sustraía droga de procedimientos para revenderla, pactaba beneficios con imputados, falsificaba actas, inventaban testimonios para insertarlos en expedientes y se apropiaba de causas federales. La Cámara de San Martín dio vuelta el procesamiento sobre Scapolán y lo acotó a falsificación de documento público. Arroyo y Domínguez perdieron la causa tras la batería de recursos de las defensas que llegaron hasta Casación Federal. La jueza se fue lanzando todo tipo de sospechas acerca de los motivos de su apartamiento por falta de imparcialidad y señaló intereses poderosos por detrás. Sin embargo, la sombra de Elisa Carrió se recorta detrás de la acusación que tomó como emblema para apuntar hacia Sergio Massa, en una continuidad de la que años atrás había tenido como protagonista al fiscal general Julio Novo. Este caso es el epicentro de una disputa por la acusación de encubrimiento y protección política al narcotráfico. Pero también deja al descubierto bandas que operan desde sectores de inteligencia, policiales y judiciales y que se acusan entre sí a armándose causas.
Carlos Daniel Maidana declaró por zoom. Está preso, dice, porque le plantaron un arma. El 14 de febrero de 2019 declaró como arrepentido ante Domínguez. El 13 de agosto de 2019, Arroyo Salgado homologó su acuerdo. Pero el hombre que era amigo de uno de los policías prófugos, que lo llevaron a un allanamiento de “Leones Blancos” con un nombre falso porque tenía una captura y que se había transformado en una suerte de informante de la bonaerense dijo que alguien vinculado a inteligencia de nombre Jorge Giménez lo hizo “aparecer” en la causa y lo “obligó a decir cosas” para no ir detenido. “Declaré lo que declaré bajo presión”, dijo Maidana confrontado con su declaración ante la fiscalía. Afirmó que Giménez le contó que “ya tenía un acuerdo” con Arroyo y Domínguez. Actuaba como un informante reclutando a otro. Según relató Maidana, un expolicía, no sería la primera vez que insertaban sus declaraciones en expedientes en ese juzgado.
“Tuve que declarar bajo presión estando de acuerdo el fiscal y la doctora Salgado para que yo declare todo esto a sabiendas de que si no declaraba podía ir preso un montón de años; así que firmé lo que firmé para irme a mi casa, para poder salir en libertad”, sostuvo ante el jury. A la pregunta de quién lo había coaccionado, Maidana aseguró: “Siempre estuve en presencia del fiscal Domínguez y el personal de la fiscalía. Eso ya estaba armado, escrito. Solamente dije que sí o no a algunas cosas, y otras amplié para mejorar la declaración”.
El interrogatorio de la acusación había iniciado en torno a su participación en el allanamiento de una quinta y de la droga que era transportada en una camioneta en el caso Anacona o “Leones Blancos”. “Estuvo muy armado el tema de la declaración”, soltó Maidana provocando la primera sorpresa. El “arrepentido” tenía un pedido de captura y el comisario Adrián Baeta de la Delegación Drogas Ilícitas de Quilmes aparecía como su benefactor, ayudándolo. A su vez, fue clave en el operativo para descubrir la droga que era trasladada en una camioneta. El caso sacude la interna de la bonaerense: era la primera vez que se unía la zona norte con la sur en la corrupción policial ligada al tráfico de drogas, y hubo hasta 6 comisarios involucrados. Su narrativa es el territorio en disputa y le sirve a la política también para ajustar cuentas.
La Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento recibió ayer la denuncia contra la jueza civil Bourimborde -que oficia como presidenta- planteada por los legisladores Juan Martín Malpeli, Carlos Puglelli y Juan Alberto Martínez. El texto no lo dice pero para el oficialismo el apuro para coronar el jury está directamente vinculado a una promesa para un lugar en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. La testigo estrella del proceso fue la propia Arroyo Salgado y entre los beneficiarios indirectos se anota el Procurador General bonaerense Julio Conte Grand, también animado por Carrió, cuya motivación es que el caso Scapolán sea la vía idónea para percutir sobre Massa. El contexto político excede una trama ya de por sí compleja donde nada es lo que parece.
