Es interesante leer las definiciones sobre la ley de alquileres y su pretendida “derogación” por DNU (decreto de necesidad y urgencia). “Derogar”; “Dar de baja”; “Restaurar la ley anterior”, etc.

En todas las Universidades del país, desde que estas existen y por imperio de nuestro sistema legal, se enseña que una ley solo puede ser derogada por otra ley. Poco se repara en que un DNU es un dispositivo de estricta excepción que, una vez utilizado por el Poder Ejecutivo, el Jefe de Gabinete tiene diez días para rendir cuentas frente a la bicameral, que a su vez debe elevar el mismo para su consideración por el Congreso Nacional. Ello es así, porque al utilizar una función propia de otro poder del Estado, acreditar la necesidad y la urgencia se traduce en la imposibilidad de aguardar el recorrido del trámite parlamentario para resolver determinada cuestión.

Si en nuestro País es una práctica corriente -sin discriminar posiciones partidarias, ya que todos utilizan a discreción DNU para gobernar- no es menos cierto que dejar sin efecto una ley -sea de alquileres o de otra naturaleza- con un Decreto, máxime cuando el Congreso se encuentra en funciones, es constitucionalmente discutible.

Se ha planteado también que ello es imperioso y urgente porque la Ley “no funciona”, lo cual, en vista de la situación actual, parece ser una justa afirmación, más allá del contexto imperante. También era urgente, entonces, hace un año atrás.

La pregunta que se impone es, ¿La ley anterior era más beneficiosa? y el segundo interrogante ¿hay otras vías de regulación que dejen conformes a inquilinos y propietarios?

La cuestión no es novedosa: el problema habitacional en Argentina tiene vigencia desde los albores de nuestra historia. Parece mentira que, sin importar el nivel poblacional (concentrado en los grandes centros del AMBA), nunca se haya podido dar una solución viable a la problemática.

¿Cuántas normas se dictaron en materia de emergencia habitacional? y ¿Cuántas modificaciones se realizaron al contrato de locación con destino a vivienda? Como podrá suponer el lector, muchas (unas ¿40?). Gobiernos constitucionales y aún de facto promovieron o sancionaron normas en materia de alquileres o bien impulsaron proyectos en tal sentido.

El problema, ¿es la ley? Se suele plantear filosóficamente que “la ley mala”. Esa misma ley que fue votada con consenso de todos los partidos políticos. Sin embargo, se podría afirmar que el problema es la permanente emergencia económica argentina. La inflación es desmedida, no existe acceso a la vivienda y -antes de ahora y por varios motivos- los requisitos para alquilar son a veces prohibitivos. No hay oferta de alquileres, tanto como no hay demanda para adquisición de propiedades.

Ahora bien: la regulación anterior -que a juicio de especialistas era adecuada- revestía una mera formalidad que pocos respetaban.

En efecto, y con la prohibición de indexar (actualizar) los importes, se mantuvo vigente hasta la sanción de la nueva ley. Ello, sin perjuicio de que las partes acordaran en otro sentido (Ej.: actualizaciones semestrales) pese a que la ley, que es de orden público (no puede ser dejada de lado por los contratantes), expresamente lo prohibía.

Se trata de una cuestión que durante nuestra historia ha sido de imposible resolución normativa: porque una ley no cambia la realidad (ni en alquileres, como tampoco frente a precios al consumidor). Más bien, es al revés. Lo dijo Dalmacio Vélez Sarsfield hace más de ciento cincuenta años… el derecho sigue a los hechos. Primero ocurren en la realidad y tras ellos va la ley a regularlos y someterlos al régimen normativo.

Extraña la postura selectiva de algunos divulgadores de información: se pide el dictado del DNU para derogar una ley del congreso, pero no se cuestiona ese mismo dispositivo normativo en otros menesteres que tampoco sostienen la necesidad y la urgencia.

Para concluir, y respecto a la segunda pregunta planteada en esta columna, cabe señalar que existió un extenso debate entre quienes representan a inquilinos y a propietarios, sin solución alguna, pese a los proyectos que pudieron surgir. ¿Qué significa? Que hoy no existe norma que pueda cambiar la realidad económica y sus efectos, sino ya sería ley.

Docente de la Licenciatura en Abogacía de UADE.