Un tribunal federal de Estados Unidos dictaminó ayer que Ecuador debe pagar más de 374 millones de dólares a la firma petrolera Perenco, por daños tras la adopción en 2006 de una ley de hidrocarburos en el país suramericano.

A comienzos de la década de 2000, Perenco obtuvo licencias para la explotación petrolera en dos bloques de yacimientos en Ecuador, en el marco de una legislación que determinaba la participación del Estado ecuatoriano en las ganancias de la operación.

En 2006, una nueva ley estableció una participación mínima del Estado de un 50 % de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos, y un decreto en 2007 del gobierno del entonces presidente Rafael Correa incrementó esa participación a un 99 %.

Esta legislación modificó de manera unilateral los contratos que el Estado ecuatoriano había asumido años atrás con Perenco para la exploración y explotación de petróleo en los bloques 7 y 21, ambos en la Amazonía ecuatoriana, en virtud de un convenio bilateral de inversiones entre Ecuador y Francia.

Según el documento en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, Ecuador canceló los contratos de Perenco porque el Estado no recibía la porción estipulada por la ley en el período en que la firma tuvo ingresos “extraordinariamente altos cuando subieron los precios del petróleo”.

En abril de 2008, Perenco demandó a Ecuador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) reclamando, inicialmente, 1.423 millones de dólares como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción en 2006 de la Ley 42.

Ciadi, una institución del Banco Mundial con sede en Washington DC, arbitró el caso y falló a favor de Perenco, con una reparación de 374,4 millones de dólares más intereses.

La firma petrolera recurrió al Tribunal Federal de la capital estadounidense para lograr que Ecuador pagara, y el Gobierno ecuatoriano pidió a ese tribunal que se descontara una porción, alegando que Perenco tenía una deuda por impuestos no pagados.

En su dictamen de 17 páginas, la jueza federal Jia M. Cobb rechazó las solicitudes de Ecuador por descuentos y una dilación en el pago de la reparación, y otorgó lo solicitado por Perenco, dejando para más adelante una decisión sobre el cálculo de intereses.