La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) informó sobre el peritaje de la actividad virtual en sus dispositivos electrónicos de Jonathan Morel, fundador de la agrupación Revolución Federal, asociados al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La Unidad Operacional Antiterrorista y de Control de Actividades que Atenten Contra los Poderes Públicos y del Orden Constitucional de la PSA detalló la actividad de Morel y la presentó ante el juez criminal federal Marcelo Martínez De Giorgi. Sus dispositivos tenían registros fotográficos y fílmicos sobre diversas protestas frente a la Casa Rosada, la Quinta presidencial de Olivos y el domicilio particular de la Vicepresidenta. Además, Morel había hecho búsquedas en Google y en la plataforma Nosis sobre datos personales de varios funcionarios del Frente de Todos, entre ellos el presidente, Alberto Fernández.

En su mayoría, la investigación reveló archivos en imagen o video referidos a folletos o diseños virtuales con el propósito de criticar al Gobierno nacional y realizar convocatorias para realizar protestas callejeras. Se revelaron también registros de pegatinas en barrios del conurbano bonaerense, con expresiones críticas o insultos hacia "el kirchnerismo o C.F.K" (por Cristina Fernández de Kirchner).

Además, Morel aparece en varias fotos en protestas frente a la Quinta de Olivos, frente al domicilio particular de Fernández de Kirchner y con antorchas, a modo de convocatoria a la manifestación del 25 de mayo del 2022, en el Parque Naciones Unidas, en el barrio porteño de Recoleta.

La PSA también encontró un contrato de enero de este año "de colaboración y cesión de derechos" para la realización de una serie documental sobre el intento de asesinato de la expresidenta con la firma "Producciones del Barrio S.L".

En febrero pasado, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de Morel y otros tres miembros de RF, pero cambió la calificación penal del delito, que dejó de encuadrarse en "intentar imponer sus ideas por la fuerza o el temor" a considerarse "incitación a la violencia colectiva".

Se trata de una causa que tiene a la expresidenta entre los querellantes e investiga la violencia de los actos y las consignas desplegadas por esa agrupación (RF) en la vía pública y a través de redes sociales, donde llegaron a proponer "al kirchnerismo cárcel o bala".

Los procesados por Martínez De Giorgi son: Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile, a quienes consideró "coautores penalmente responsables del delito de incitación a la violencia colectiva".

Cuando los procesó, el juez sostuvo que, a través de su accionar violento, los miembros de Revolución Federal se constituyeron como "uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio" de Fernández de Kirchner.