En su exposición esta mañana ante la comisión de Salud del Senado, la titular del Minsal, Ximena Aguilera, dio a conocer aspectos relevantes de la propuesta de ley corta que diseña el Ejecutivo para instruir el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores de las isapres y establecer un marco para el funcionamiento de esta industria, en la recta final del plazos para concretar este proceso que vence en mayo próximo.
Entre los puntos centrales de su exposición, la ministra se refirió a la cuantía de las devoluciones que deberán aplicar las isapres por los cobros aplicados en sus planes de salud por concepto de tablas de factores por encima del marco establecido en 2020, señalando que ese cálculo se basa estrictamente sobre los criterios establecidos por el máximo tribunal, y precisó que en el diseño del proyecto se cerró la puerta a una propuesta de la industria que consideraba montos sustancialmente inferiores a los difundidos en relación a las bases financieras de la iniciativa legal.
“Aquí no hay una negociación de cuál es el monto, que está definido por los mismos términos que establece el fallo. Se debe rebajar el cobro a las personas producto de que se le va a aplicar la tabla de factores de aquí en adelante y, por lo tanto, se debe recalcular el costo del plan -lo que significa una merma en los ingresos de las isapre- y, al mismo tiempo, a ese mismo conjunto de personas hay que devolverle lo que ellos pagaron y que la Corte establece que es un cobro en exceso. O sea, aquí no hay una posibilidad de negociar o de definir cifras”, señaló Aguilera.
Con ello, zanjó el tema abierto por informaciones respecto de la elaboración del proyecto que señalaban que frente a los cálculos de devoluciones por un total de US$ 1.400 millones, estaban en análisis de las autoridades otras estimaciones que rebajaban esa cifra a niveles de US$ 140 millones.
Sin entrar a los números específicos, la ministra de Salud explicó que las isapres “presentaron una propuesta que efectivamente acotaba el tema del pasivo y que nosotros analizamos en su mérito con toda la buena voluntad. Sin embargo, esa propuesta fue desestimada desde el punto de vista jurídico, ya que el Ejecutivo definió que en realidad esa propuesta no era compatible con la sentencia que dice la Corte Suprema, por lo tanto no la pudimos acoger, y es por eso es que existieron estas dos cifras que circularon”.
