Este martes habrá una nueva audiencia testimonial en la comisión de Juicio Político que investiga a los cuatro integrantes de la Corte Supremapor irregularidades en su gestión en medio de una fuerte interna dentro propio organismo por desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ).

La comisión presidida por Carolina Galliard se reunirá a partir de las 13 horas del martes para indagar en la investigación por presuntas licitaciones sospechosas para el equipamiento de la obra social, además de las denuncias por malas prestaciones de servicios, faltantes de medicamentos, ausencia de balances contables, ausencia de supervisión y gestión irregular de fondos.

La principal citación de la jornada fue a Aldo Tonón, ex director de la obra social de los trabajadores judiciales y hombre de confianza del miembro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda. Tonón se ausentó argumentando que tiene causas abiertas en la Justicia y que no daría declaración. En el 2021, cuando iniciaron las investigaciones, la Corte se desprendió de las responsabilidades en torno a la obra social y delegó en Héctor Marchi -de la Secretaría General de Administración- su saneamiento.

Además fueron convocados a declarar la contadora Melisa Solana; la médica legista y perito de la Corte, María Cristina Interlandi; el perito contable Oscar Fernández (que fue parte de las auditorías a la obra social); y las trabajadoras de la obra social Laura Coulin y Liliana de Brito.

El perito contable Oscar Fernández, que forma parte del cuerpo de peritos que por concurso trabajan con los balances de la Corte Suprema de Justicia, comentó algunos detalles del informe que realizaron en las auditorías al Poder Judicial: "La obra social nos dijo explícitamente no tener un presupuesto. Esto sucedió a lo largo de trece años".

"No vimos ningún presupuesto en trece años, aunque los pedimos", reiteró e indicó que "todas las solicitudes fueron elevadas al Directorio" compuesto por Mariano Althabe y Cora Borensztejn.

Además precisó que la obra social "no cuenta con un sistema contable" lo que provoca que "se cuenta con menos información de la que se debería y difícilmente se pueda hacer un estado contable". "No es habitual que esto pase", añadió.

Por su parte, la médica y perito de la Corte, María Cristina Interlandi, consideró que “una limitación de los sistemas es que no se encuentran informatizadas en la obra social las autorizaciones de medicamentos que corresponde a cada afiliado y al no estarlo siempre es una dificultad”.

La investigación también se meterá en las presuntas responsabilidades de Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti cuando a cada uno de ellos le tocó presidir la Corte.

La agencia NA informó que Toñon pidió excusarse de declarar ante la comisión alegando que ya está siendo investigado penalmente por este mismo motivo en una causa que tramita el juez Ariel Lijo y advirtió que de comparecer podría autoincriminarse.

Además de Toñon, declarará la contadora Melisa Solana, quien renunció repentinamente a la OSPJN en medio de la crisis de la empresa.

También fue convocada la médica legista y perito de la Corte María Cristina Interlandi, las trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN Laura Coulin y Liliana de Brito, para dar testimonio sobre el deterioro de las prestaciones de salud de la obra social, y Oscar Fernández, quien fue parte de una auditoría que ordenó la Corte en 2021.

La auditoría llegó a la conclusión de que entre entre 2008 y 2021 la comisión no tuvo un sistema formal de contabilidad, la mayoría de las contrataciones eran irregulares, no había manuales de procedimientos.

Para avanzar en estas cuestiones, la comisión también tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentara Elisa Carrió contra Lorenzetti por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social", y su "incidencia" ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.

"El 'período crítico' es básicamente gestionado por Lorenzetti, que además en su dictamen de minoría dice que durante sus 13 años la obra social funcionaba de manera fantástica", añadieron las fuentes.

Además de estas cuestiones, se investigan denuncias sobre autorización de tratamientos a personas cercanas a la conducción, mientras se le denegaba el mismo tratamiento a muchísimos afiliados y la numerosa cantidad de juicios por mala praxis, así como faltantes de medicamentos y el desplazamiento de prestadores que reclamaban pagos, con el consecuente perjuicio para los afiliados que se estaban tratando con esos prestadores.