Ayer, el administrador general de la Corte Suprema Héctor Daniel Marchi presentó al presidente Horacio Rosatti un informe con 20 mil fojas con todas las irregularidades detectadas en el funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial, eje de las denuncias que está tratando la comisión de juicio político en Diputados.

El siguiente paso era presentarlas al Congreso. Hoy, en la reunión de acuerdo y con tres firmas, fue desplazado de su cargo y la secretaria que comandaba fue dividida en dos.

Más de 100 tomos con documentación fueron parte del relevamiento que Marchi hizo a pedido de la propia Corte que, con este movimiento y voluntario o no, agiganta un escándalo que fuerza a poner la lupa todavía más sobre el funcionamiento de la obra social que quedó atravesada por desmanejos.

La única disidencia a la decisión adoptada por la mayoría fue plasmada por el juez Ricardo Lorenzetti también en duros términos hacia sus pares, lo que hace estallar la interna que venía al rojo vivo entre los ministros.

Entre las conclusiones del informe de Marchi -que contiene 30 recomendaciones y pasos a seguir para corregir las irregularidades- aparece que se habrían perdido 30 mil millones de pesos por haber dejado fondos en cuentas al descubierto en lugar de optar por plazos fijos u que se registra un faltante de 30 mil medicamentos, además de objetar que todas las compras fuesen directas.

Marchi había quedado en la mira de la mayoría luego de recusarlos en este contexto a partir de la causa civil que le sigue a Elisa Carrio que lo había denunciado por enriquecimiento ilícito y que ahora es contra demandado por quien hasta hoy era el administrador general de la Corte desde hace 15 años. Su reemplazante es el secretario Damián Fond, a cargo de la secretaria civil 1.

La aparición de este informe y su eventual incorporación incide no solo en la comisión de juicio político que puso este tema en prioridad para justificar la acusación contra los miembros de la Corte, sino en las dos causas penales abiertas en torno a las presuntas irregularidades en la administración de la obra social que atraviesa la dirección del ultra cuestionado Aldo Tonon, pero que también abarca el periodo de la actual gestión a cargo de Mariano Althabe.

EN DESARROLLO.-