Emmanuel Macron decidió que no había vuelta atrás: promulgó la reforma en las jubilaciones en Francia, pese a las movilizaciones masivas que se acumularon en todo el país durante cuatro meses. Su decisión provocó que manifestantes lo reciban con insultos y cacerolazos a su última recorrida en una fábrica, este miércoles.
El suceso se repitió este jueves en su visita a un instituto de Ganges, en el sur de Francia, donde fue abucheado por cientos de personas por la sanción de la reforma de las pensiones. Los manifestantes fueron mantenidos a distancia por la policía, pero Macron decidió responderles.
Consultado posteriormente en una entrevista, calificó a los críticos como parte de "partidos extremistas" y aseguró que "me comunico con la gente y mucha me dijo que resista". "No renunciaré, habrá que esperar al 2027", añadió el presidente, en referencia a las próximas elecciones.
El proyecto de reforma jubilatoria, que fue aprobado por el Senado francés pero que no obtuvo consenso en la Cámara de Diputados, fue decretado y luego promulgado unilateralmente por Emmanuel Macron, con el acompañamiento de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. La reforma consiste en retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.
Ante los hechos de impopularidad que enmarcan su gestión, el presidente Emmanuel Macron planea una serie de anuncios para la próxima semana que puedan desviar la agenda en otros temas de alta sensibilidad para la sociedad francesa. Una de sus promesas de campañas -que aún no abordó- es una gestión a la inmigración ilegal que llega al país europeo.
Otra de los anuncios tiene que ver con un programa de lucha contra el fraude social y la evasión fiscal, que implicará un incremento en la plantilla de la Dirección de Investigación Judicial Financiera (SEJF) para alcanzar más de 500 investigadores que puedan rastrear acciones de defraudación financiera.
A su vez, mientras delinea un proyecto de mejora a la accesibilidad a los servicios públicos, apuntará a una convocatoria a organizaciones pedagógicas e instituciones escolares que permita garantizar una rápida puesta en marcha de una reforma de las escuelas secundarias vocacionales.