En pocas líneas y mezclada entre los 450 expedientes en los que pronunció ayer, la Corte Suprema tomó una resolución en la denominada Causa Contratos donde se investiga una maniobra desplegada a lo largo de los años en la que se falseaban contratos en la Legislatura de Entre Ríos con el presunto fin de obtener fondos para financiar partidos políticos y campañas electorales. Expediente sensible para la política local, también generó enfrentamientos dentro de la Justicia de la provincia que no quería perder dominio de la causa y se encaminaba a iniciar un juicio oral.

Sin embargo, la Corte -en sintonía con lo dictaminado por la Procuración General- ordenó que el Juzgado de Garantías N° 1 de Paraná que se disputa el expediente con la Justicia electoral analice apartarse a partir de los argumentos invocados por la Cámara Nacional Electoral (CNE) que consideró que el delito investigado corresponde a un eventual delito electoral y es el Juzgado Federal N° 1 de Entre Ríos el que debe intervenir por razón de materia y dado que la ley le da competencias exclusivas en delitos derivados de faltas en el sistema electoral.

La Corte, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti exhortó al juzgado de Entre Ríos para que “pueda conocer y expedirse con relación a los argumentos incorporados por la Cámara Nacional Electoral en su pronunciamiento del 15 de septiembre de 2022”, pero en el mismo acto, le giró el expediente al Juzgado Federal N° 1, con lo que avaló que desde allí debe resolverse el conflicto de competencia.

Muy enrevesado el avance del expediente es probable que pueda volver a trabarse por otros cinco años a partir de la nueva presentación de apelaciones y recusaciones, además de la inhibitoria planteada más allá de lo que la Corte ordenó ayer. De hecho, es el gesto más explícito del máximo Tribunal para que todas las actuaciones migren fuera de la órbita de la justicia provincial