No le va a resultar sencillo al equipo económico recomponer las cuentas fiscales sin modificar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la luz del resultado del Sector Público Nacional del primer trimestre, un dato que se conoció sobre el cierre de la semana pasada.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), entre abril y diciembre el gobierno debería hacer un ajuste promedio mensual del 0,16 puntos del PBI si quisiera alcanzar el 1,9% acordado en marzo del año pasado por Martín Guzmán cuando cerró el acuerdo de facilidades extendidas con el organismo de crédito.
La estimación de la entidad que conduce el economista Nadín Argañaraz es que entre enero y marzo se alcanzó un rojo equivalente al 0,42% del PBI, lo que en números concretos son $689.000 millones. La distancia que había con el objetivo de 2023 para los meses que quedan sería de 1,48 puntos del PBI. Pero a ello hay que sumar 0,3 puntos de rentas de la propiedad que se usaron en 2022 (que este año no se podrán emplear porque así lo establece el acuerdo) y medio punto más por el efecto de la sequía sobre los recursos fiscales.
“Entre abril y diciembre el déficit fiscal primario sería de 2,9% del PIB (sin rentas extra y con efecto sequía) y debe ser de 1,48%. Por lo tanto, el esfuerzo fiscal del periodo para cumplir con la meta es de 1,4%, es decir, una reducción promedio mensual de 0,16 puntos del PIB”, señala Argañaráz.
Al respecto, el economista Hernán Letcher, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sostiene que el acumulado trimestral del déficit primario, que es el que se toma en cuenta en la metodología del FMI llegó a $690.000 millones y habría generado un incumplimiento de la meta del FMI (por casi $250.000 millones).
“Para que el FMI apruebe la quinta revisión, que comenzará el 10 de junio, debería haber un cambio en las metas o el pedido de otro waiver (recordemos que se pediría también por reservas internacionales)”, señaló Letcher.
El economista advierte en un informe que “hacia adelante, por el punto de partida, la meta fiscal del segundo trimestre arranca difícil de cumplir”.
“En ese sentido, y a sabiendas que buena parte del problema se explica por la sequía, lo más lógico sería que el Gobierno y el FMI acuerden un cambio en las metas establecidas por el programa”, indicó.
Por su lado, la consultora Ecolatina plantea que la sequía tuvo un efecto devastador sobre los ingresos fiscales del sector público que opacó el ajuste de los gastos del primer trimestre, que llegó a unos 17 puntos reales.
“Si la recaudación por Derechos de Exportación se hubiera mantenido estable en términos reales, el rojo primario en el primer trimestre habría sido apenas el 40% de lo evidenciado, y se habría sobrecumplido la meta acordada con el FMI”, dice la consultora en uno de sus últimos informes. Ecolatina señala que “luego de incumplir tanto la meta de acumulación de reservas internacionales como la fiscal, habrá que estar atentos a la postura que tome el FMI en cuanto al impacto de la sequía durante el primer trimestre”.
“La posibilidad de cumplir con el rojo de 1,9% del PBI este año es harto desafiante (si es que no se modifica con la reconfiguración del programa). Aun recalibrando la meta, el interrogante radicará en la disponibilidad de financiamiento para cubrir ese mayor bache”, señala el informe.