En nuestro país sentimos ansiedad, miedo y terror al conocer por la prensa escrita y la TV local sicariatos, muertes violentas, secuestros en todas partes, extorsiones (vacunas). Y vemos noticias increíbles, ridículas, absurdas y tiradas de los cabellos. Tratándose de la tan cuestionada administración de justicia del Ecuador, no me sorprende que se haya tomado una decisión de esta naturaleza. Un juez de una provincia del sur aceptó la acción de protección presentada por un ciudadano en favor de un exvicepresidente de la República para que le sea devuelta la pensión jubilar y vitalicia con efecto retroactivo, la cual recibía de forma mensual y le fue suspendida desde septiembre de 2020 a abril de 2023. Esta persona que ocupaba la segunda magistratura en el país tenía sentencias ejecutoriadas por delitos de cohecho agravado y asociación ilícita, y fue sentenciado a 8 años de prisión. Dado que la justicia ecuatoriana comprobó que recibió pagos ilícitos de contratistas estatales y de la constructora brasileña Odebrecht; y que por ello debería de reparar al Estado alrededor de $ 20 millones y hasta ahora no lo hace, ¿habrá alguna autoridad que lo obligue a devolver este dinero que de forma ilícita recibió, o que lo obligue como último recurso a cruzar cuentas entre su pensión jubilar y vitalicia y lo que recibió en coimas? ¿Hasta cuándo jueces de otras provincias tienen plena injerencia en casos sustanciados y sentenciados en otras provincias? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar a jueces corruptos?

Roberto Flores