Argentina y el Fondo Monetario Internacional discuten por estas horas sobre el costo de la sequía en la economía argentina para este año. Para los funcionarios argentinos que están de un lado de las pantallas de los eternos zoom de negociación, la cifra final es de más de u$s22.000 millones en pérdidas de ingresos para el país, incluyendo tanto las exportaciones para los privados como los derechos de exportación para el Estado y recaudación en pesos de ganancias y otras yerbas para los ingresos impositivos. El FMI es más conservador con el dato, y cree que estaría más cerca de los u$s10.000 millones. O que, contabilizando todo el año, la cifra no debería alcanzar a los u$s13.000 millones.
El debate está abierto y estiman desde las huestes del organismo financiero internacional que es Argentina quien debe argumentar sobre porque considera que el número de más de u$s20.000 millones representa mejor al pasivo que dejará la sequía de 2023; y, en consecuencia, el que debería tenerse en cuenta al momento de evaluar el contenido final de la flexibilización del Facilidades Extendidas vigente, que está siendo rediscutido entre el FMI y el país, por “sugerencia” directa del mismísimo gobierno de los Estados Unidos.
Tal como informó ayer este diario, esta semana se retomaron las negociaciones vía zoom entre los funcionarios argentinos designados por Sergio Massa y los designados por Kristalina Georgieva para alcanzar un nuevo acuerdo. Las partes se habían impuesto la fecha del próximo viernes 5 de mayo como tope para alcanzar acuerdos generales, para que luego sea el ministro de Economía y la propia Georgieva y su número dos Gita Gopinath quienes terminen de diseñar los nuevos lineamientos del acuerdo. Mientras tanto, las computadoras de Buenos Aires y Washington están monopolizadas por el viceministro Gabriel Rubinstein, el encargado de la relación con los organismos internacionales Marco Lavagna y el jefe de asesores Leonardo Madcur, desde el Palacio de Hacienda, y el encargado del caso argentino Luis Cubeddu, desde la sede del FMI.
Ya se sabe que la sequía es el principal tema de debate por ser el motivo por el cual las partes acordaron la reapertura de las condiciones del Facilidades Extendidas vigente. Pero no es el único capítulo, en cuanto a los factores exógenos demoledores sobre la economía argentina. Sergio Massa ya le había entregado al FMI en reuniones privadas con Georgieva, un informe elaborado por Rubinstein y sus colaboradores, sobre el impacto final durante el 2022 de la invasión de Rusia a Ucrania. Según Economía, la suba de los precios de la energía, fundamentalmente el gas, y de los precios de los alimentos, le provocó al país una pérdida por unos u$s 4.940 millones; medidos en salida de dólares para pagar el insumo energético y en inflación no programada.
Georgieva ya se había comprometido con Massa a tomar estos factores externos como válidos a la hora de estimar el cumplimiento de las metas y objetivos comprometidos en el acuerdo firmado en marzo de 2022. Sin embargo, hasta aquí no hubo respuestas concretas al planteo. Para el Gobierno, llegó ahora el momento de tomar también este factor en cuenta, dado que no fue considerado en el momento de evaluar la evolución de las reservas comprometidas durante el año pasado.
