Tal como había adelantado Ámbito, en exclusiva, el exadministrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi, prendió el ventilador y sacudió con una sonora denuncia a la comisión de juicio político de Diputados. No solo responsabilizó directamente al juez Juan Carlos Maqueda por la “supervisión” de todo lo referido a la obra social del Poder Judicial sino que disparó munición gruesa acusando presiones, amenazas y maniobras de espionaje desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales sobre su persona y parte del equipo de su secretaría, desguazada la semana pasada. Fue el plato fuerte de una audiencia particionada en dos tramos luego de que el máximo tribunal aportara el lunes el denominado “Informe Marchi” que contiene observaciones y cuatro capítulos de desmanejos surgidos de conclusiones de auditoría. La semana próxima se abocarán a esos documentos.
“Nada se hacía sin la autorización del doctor Maqueda...”, aseguró Marchi preguntado para saber cuál era su nivel de involucramiento del ministro y las reuniones periódicas en las que el exdirector de la obra social Aldo Tonon concurría a su vocalía todas las semanas para la búsqueda de autorizar movimientos en la obra social. Puso en el centro de la escena al juez decano, algo que hasta ahora no había ocurrido. “Creo que estaba al tanto de todas las cuestiones”, lanzó. Cómodo y con dominio de la escena, Marchi hasta tuvo la oportunidad de guiar su propio interrogatorio ante varios de los enredos de los Diputados que se embrollan con la documentación, las fechas o la interpretación sobre lo que dicen algunos textos como el mail interno de agosto de 2021 en el que Maqueda anuncia que se desentiende de la obra social aunque nunca ocupó un cargo formal que la pusiera bajo su mando. “Maqueda pidió expresamente que no se consignara en una acordada porque la obra social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica, pero está absolutamente claro que el doctor Maqueda dirigió la obra social durante todo ese período. Quedó a cargo de la obra social”, precisó con certeza del impacto de sus palabras.
A la tercera vez que insinuó el tema, Marchi logró la atención de los legisladores y se despachó con una descripción de lo que denominó “informalidad” que hoy dominaría a la Corte y apuntó los cañones hacia Silvio Robles, el principal colaborador de Horacio Rosatti. Lo responsabilizó de manera directa de presiones, amenazas de índole laboral y hasta seguimientos que habrían hecho a colaboradores suyos que “pasaban información”. Pero también mencionó que fue él quien recibió y habría ocultado el cuarto tramo de su informe ligado a la gestión de Mariano Althabe en la obra social, además de haber ordenado -el 15 de diciembre- eliminar la cuenta de correo electrónico oficial del presidente de la Corte. “¿Fue Robles el que lo amenaza a usted?”, preguntó Mara Brawer. “Por supuesto, sí, hay operaciones de prensa, hay seguimientos, sabe dónde yo me junto con alguien. No sé si el doctor Rosatti lo sabe”, fustigó. Allí la sorpresa se apoderó de los diputados oficialistas y también de los opositores. Debatieron largo rato sobre si debían asignarle una custodia ante algún peligro para su integridad, se embrollaron en si tenía o no facultades la comisión para disponer de fuerzas de seguridad y hasta Carolina Gaillard –titular de la comisión- sugirió recurrir al programa de testigos protegidos. Marchi, infructuosamente, trataba de aclarar que hacía referencia a presiones de índole laboral a sus exdependientes y a mensajes velados para su no concurrencia a la comisión. Había soltado una bomba que tuvo sus repercusiones porque el oficialismo se frotaba las manos con su testimonio. Marchi fue por más de una década uno de los secretarios más poderosos de la Corte y ahora –además de exaltar su gestión y su metodología de responsabilidad fiscal para administrar los fondos- desnudó una encarnizada interna.
Los delegados de la Coalición Cívica que arrastran viejas tirrias con Marchi tras haberlo multi denunciado en tándem con Ricardo Lorenzetti trataban de poner distancia y reclamaron motivos sobre por qué no se había denunciado judicialmente la situación. El exadministrador replicó que primero debía contarlo ante la comisión y exigió que lo citen a Robles y desafió a un eventual careo. Mencionó saturación de policías, puertas “trancadas” y movimientos en su personal. Los englobó en “informalidades” que no tenían precedentes en la Corte de antaño.
En ese momento, los diputados comenzaron a debatir cursos de acción. Leopoldo Moreau casi se sonríe cuando un compañero de bloque propuso que ante el cúmulo de irregularidades la comisión se constituya para sesionar en el cuarto piso del Palacio (donde tiene sede la Corte) y desde allí instruya una “inspección ocular” para confirmar las denuncias de Marchi. “Con el dólar a 500 se te va a ir a 800”, le vociferó Juan Manuel López, en el momento de mayor descontrol de la audiencia. Al final, ni se votó esa idea.
“Yo hablo de desprolijidades”, sentenció Marchi que ratificó todos los informes incorporados. En lo sustancial, enumeró que los principales problemas (de lo que habría anoticiado a Maqueda sin ninguna acción) fueron la “falta de herramientas de gestión y de contabilidad. No hubo controles de pagos, ingresos, diferencias de inventario. (No había) conciliaciones bancarias. No hay presupuestos”, y agregó que los balances no eran confiables a confesión de los propios contadores que los firmaban. Que de octubre a diciembre de 2021 se produjeron los 3 primeros informes con diagnósticos con soluciones; el segundo avanzaba en diagnóstico y hacían mención a balances; el tercero era más operativo y marcaba una serie de deficiencias. Y que luego el informe 4, elaborado en agosto 2022, derivó en una acordada de noviembre donde lo dejaban afuera de cualquier supervisión. Entre las irregularidades mencionadas agregó que el principal ítem que comprometía fondos eran las “compras directas por $400 millones de medicamentos donde no había expedientes ni dictámenes” que los justificaran. Volverá la semana próxima.
Diputados resolvió que a Tonón se lo vuelva a citar, tras el segundo faltazo, pero ahora bajo apercibimiento de ser llevado por la fuerza pública. La Coalición Cívica se inclinaba por descartarlo si no estaba seguro de autoincriminarse en las causas que se le siguen. Enrique De Vedia, prosecretario letrado respondió ante Vanesa Siley que si en los 13 años analizados por la auditoría hubo algún ministro a cargo por resolución. “No tengo conocimiento de resolución que lo haya dispuesto”, respondió. “No existen controles regulares sobre las cuentas bancarias”, reconoció a su turno Gustavo Montanini sobre $7 millones de los que desconocen procedencia porque no existían conciliaciones bancarias. También aclaró que la falta de un sistema contable que funcione en forma sistémica genera imposibilidad de verificar por un auditor la integridad de las operaciones, “es un problema significativo para la información contable; es decir, puede estar bien o mal pero no hay confiabilidad”.
“Haber tenido presupuesto de gestión hubiese permitido tal vez tomar decisiones de gestión distintas”, concluyó el reconocido especialista que también aseguró que la obra social no tenía patrimonio neto negativo.
Otra de las sorpresas ventiladas ayer tiene que ver con lo superavitaria que es la situación de la obra social del Poder Judicial, tanto que el “remanente” era girado hacia la Corte para que lo coloque en plazos fijos (como una suerte de propio fondo anticíclico) y que eso se realizaba a pedido del directorio que definía monto y plazo para esos depósitos.
El capítulo obra social ha sido hasta ahora el más prolífico para la comisión donde ayer se explicó que está por ley excluida de los controles y regulaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud, algo inexplicable siendo que debe prestar servicios de salud a 100 mil afiliados en todo el país.
