Human Rights Watch (HRW), una organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, denunció que las fuerzas oficiales de Perú podrían haber asesinado a decenas de manifestantes durante la última represión de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
Segúna la ONG, la mayoría habría muerto por heridas de bala: "El ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023".
En un informe detallado y apoyado en cifras de la Defensoría del Pueblo, HRW contabiliza 49 muertes, 39 "por heridas de bala, según las autopsias, informes de balística y registros médicos".
César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de HRW, sostiene que "durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el gobierno de Boluarte parece haber mirado hacia otro lado".
"Las investigaciones de estos homicidios deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno", agregó.
Las protestas estallaron después de la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre, tras su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. Boluarte, hasta entonces su vicepresidenta, asumió el poder en medio de las marchas que exigían su renuncia y elecciones anticipadas. Castillo, de 53 años, cumple prisión preventiva, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.
Hace apenas dos semanas, el Congreso de Perú votó en contra de la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Los partidos de izquierda habían impulsado la iniciativa ya que consideraron que el parlamento debía declarar "la incapacidad moral permanente" de la mandataria por las más de 60 muertes por represión policial en las manifestaciones.
La fiscalía, mientras tanto, investiga a la presidenta Boluarte, de 60 años, y otros altos funcionarios por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves". Sin embargo, ella tiene inmunidad hasta que finalice su mandato en julio de 2026.
