Mientras la comisión de juicio político a la Corte Suprema de Diputados se lamentaba por la ausencia de Daniel Marchi para continuar su explosiva declaración de la semana pasada, en el mismo momento, el exadministrador general del máximo tribunal declaraba como testigo ante el juez federal Ariel Lijo que atesora la segunda causa por desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial. Citado el viernes último en el horario exacto de reunión de la comisión, en Comodoro Py, Marchi repitió de forma condensada su exposición ante los legisladores y desbloqueó un nivel de detalle respecto a las presiones que describió agregándole como hechos nuevos el cruce de comunicados que buscaban desmentirlo tras sus dichos y un curioso evento desarrollado en el Palacio de Tribunales donde los tres jueces de la mayoría -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda- departieron animadamente con personal de mayordomía y comieron empanadas. El exfuncionario de la Corte trajo a colación que se le hacía imposible que ello ocurriera con la presencia de uno de los ordenanzas asignado a la vocalía de Ricardo Lorenzetti (enfrentado con los otros tres), lo que adjudicaba a un mensaje velado contra futuros testigos. La “empanadeada” fue una gestualidad de poder hacia adentro de la Corte donde hasta el escenario –nada sofisticado- estuvo especialmente pergeñado.
La comisión pudo haberse despedido de Marchi sin saberlo: en su declaración testimonial de 4 horas frente al juez, el exadministrador no solo propuso una batería de medidas de prueba, sino que solicitó volver a ser convocado para abundar en detalles una vez que el juzgado se haga de la documental. Eso podría condicionar, en términos legales, una nueva asistencia como testigo a la comisión donde la Coalición Cívica –enemiga declarada del ahora exhombre fuerte de la Corte- lo esperaba con el cuchillo entre los dientes. Cuánto difiere Lijo la nueva convocatoria es un paso a observar que puede incidir en el cronograma que la comisión se planteaba, con optimismo, para la semana próxima.
En lo sustancial, Marchi expuso ante Lijo toda la serie de irregularidades que había enumerado el martes pasado ante los Diputados. Y volvió a apuntar sus cañones con más ferocidad hacia Silvio Robles, principal colaborador de Rosatti, a quien ahora ya lo responsabiliza por su salida del máximo Tribunal y su confinamiento a la Cámara de la Seguridad Social. “Soy una víctima. Es raro que con 150 mil millones de reservas y cero pesos de deuda se me haya trasladado sin avisarme nada”, inició su declaración. Conectó este hecho a la presentación del “Informe Marchi”, donde se acumulaban la serie de irregularidades detectadas por auditoría en la Obra Social, un aspecto que resulta de lo más espinoso para la Corte y sobre el que percute la el oficialismo en la comisión de juicio político, que encontró en Marchi un manantial de información.
Para la oposición, encabezada por el “lilito” Juan Manuel López, Marchi cometió falso testimonio y hasta pudo haberse autoincriminado de delitos. Marchi relató cuáles fueron los alcances de sus sucesivos informes de supervisión y enfatizó que el “control” de la obra social estaba en manos de Maqueda. Detalló la serie de acordadas y resoluciones que contextualizaban la historia administrativa de la gestión de la obra social, hegemonizada por el ultra cuestionado Aldo Tonón. La presencia de Marta Herrera Alem, su secretaria, reforzaría la influencia de Maqueda en su funcionamiento. Dio a entender que luego de que Rosatti designara a Mariano Althabe, el binomio Rosatti-Maqueda no quedó el mando. Marchi va a la guerra con la Corte en un punto: él responsabiliza a los ministros y la mayoría le apunta a él por la línea de dependencia del organigrama. “Si (mi) administración hubiera estado en control de la obra, no me habría criticado a mí mismo”, le dijo Marchi al juez. Retomó –pero con mayor nivel de detalle- lo que denunció como “la informalidad de la Corte”, achacando a Robles un manejo verbal a todos los funcionarios y en nombre de la mayoría. Lo responsabilizó de designar personal en áreas clave.
En el aspecto más complejo lo acusó de amenazas de traslados a personal. Volvió a describir que estaba al tanto de movimientos suyos con colaboradores y que habían recibido mensajes intimidatorios. También que por orden suya se eliminó el mail de Rosatti -algo que ratificó en la comisión Andres Sacchi, director de Sistemas- el 15/12/2022. Moderó el cuestionamiento sobre el informe N° 4 de la obra social centrado en la gestión Althabe y sostuvo que Robles “no comunicó debidamente” sus conclusiones y que no les llegó a los ministros pese a que había sido recibido el 26/8/2022. Todo el “Informe Marchi” ya está en la comisión de juicio político como prueba. “Rosatti no quería recibirlo ni publicarlo” afirmó Marchi ante Lijo que no formuló preguntas en toda la declaración.
Más adelante, Marchi se quejó que la Corte no publicara sus 30 recomendaciones y el acta final de supervisión, con lo que enumeró sus hallazgos respecto a los cargos vacantes en la obra social, sistema informático obsoleto (fue objeto de cuestionario en la comisión a Sacchi), sin contabilidad, ausencia de respaldo administrativo decisional, inventario impreciso, pérdida de ingresos por mantener fondos a la vista, compras directas, etc. Una curiosidad: Marchi en calidad de testigo le solicitó una batería de pruebas al juez para corroborar sus aseveraciones y exhortó a la Corte misma a publicar sus informes. Otra. Advirtió que dentro de una suerte de fondo anticíclico propio, la obra social amarrocó 80 mil millones de pesos.
En cuanto a las presiones posteriores a su comparecencia a Diputados, enumeró los comunicados del gremio de judiciales y del directorio de la obra social, ambos sin firmas pero con claro objetivo de desacreditarlo. En sí, Marchi defiende dos cuestiones: el juicio civil que entabló contra Elisa Carrió -revelado por Ámbito y en el que recusó a la mayoría de la Corte- lo que derivó en su eyección y la política de “responsabilidad fiscal” que, denuncia, con él fuera de carrera, podría cambiar dentro del máximo Tribunal.
En un despliegue del modesto nivel político que aqueja a Diputados, el inicio del debate en comisión estuvo signado por los cruces, las chicanas, el “carpeteo”, las agresiones mutuas y una soporífera discusión entre oficialismo y oposición que demoró una hora y media lo relevante. Conclusiones: a Tonón lo van a llevar con patrullero si hace falta y van a solicitar a la AFIP que levante el secreto fiscal sobre una SRL atribuida a Robles. “Este es otro proyectil que va a entrar”, advirtió Rodolfo Tailhade, a quien la presidenta de la comisión insiste en llamar “Tailiade”; “Tarado. Comisario de la clase dominante”, tiró Yasky. “Usted se cree demasiado vivo y es demasiado tonto”, le replicó con violencia López. En el medio alusiones al espionaje a jueces, al espionaje de Macri, a la esposa de Lijo, a Bonadio, a los carpetazos. El nivel.
María Bettina Bonucelli -de la vocalía de Maqueda- confirmó la atención que el juez tenía sobre la obra social y ratificó que destinaban parte de su tiempo a atender informalmente reclamos de afiliados para orientarlos sobre todo en casos graves de salud. Se quebró al recordar alguna historia en la que debieron interceder y sostuvo que mantenían al ministro al tanto de “todo” lo que atendían. Así, explicó en una suerte de “agradecimiento” parte del contenido del mail del 30/8/2021 en el que Maqueda anuncia que se desliga de la obra social como “supervisor” sin renunciar porque no tenía cargo formal. Sacchi, el director de sistemas brindó toda la explicación técnica de las vulnerabilidades halladas por la comisión de informatización que la Corte montó sobre la obra social que integraron Marchi, Tonón y él mismo. “Todas aquellas personas que trabajan con expedientes judiciales se les asigna Lex”, apuntó el especialista en uno de los ejes del interrogatorio. Ratificó en todo su informe que hablaba sobre la posibilidad de modificar archivos en uno de los sistemas de la obra social. Su programación era previa a la aparición de Windows. Valeria Diaz, afiliada de la OSPJN relató sus desventuras por un tratamiento de fertilización y contó una respuesta bestial de Tonón por “antinatural” al reclamo para que se autorizara el procedimiento de una donación de gametos.
