Luiz Inácio Lula da Silva le prometió el martes a Alberto Fernández que presionará en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el organismo “le saque el cuchillo del cuello a la Argentina”. Con esto, el presidente brasileño quiso decir en la práctica, que su país será uno de los actores que activamente defenderá la posición de la Argentina ante el board del Fondo; el lugar donde se aprueban o rechazan los acuerdos que el staff técnico elabora a manera de Carta de Intención. En teoría ningún país puede intervenir en las negociaciones del contenido de los acuerdos, algo que es responsabilidad directa de los funcionarios del FMI (en el caso argentino el flamante director para el Hemisferio Occidental, el chileno Rodrigo Valdés, y el encargado para el país, el venezolano Luis Cubeddu). Los países solo pueden influenciar indirectamente, pero sin promesas de éxito. Incluso a veces es tomado como una intromisión el hecho que algún integrante del directorio quiera participar o presionar a los funcionarios del Fondo cuando negocian o elaboran un plan de acuerdo con los países.
Ante el panorama, la presión de Brasil comprometida por Lula, solo puede hacerse efectiva en el momento de discutir la realidad de un país y la aprobación de un acuerdo final o de las metas trimestrales a cumplir, cuando el debate llega al directorio. No antes ni después.
Así las cosas, Brasil, en el futuro, defenderá a la Argentina cuando el nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas que reemplace al firmado el 25 de marzo del año pasado -suspendido desde la semana pasada-, llegue a la máxima instancia del FMI, para ser discutido y evaluado para su aprobación y/o rechazo ante el directorio; luego que este haya sido negociado entre los funcionarios argentinos y el staff técnico del Fondo.
Brasil se sumaría así a la posición que ya mantienen con el país Rusia y China, los principales defensores en el pasado de la posición argentina y de los reclamos de mayor flexibilidad para el país. Sin embargo, el peso de los tres países en conjunto, pese a su rol estratégico global, es menor en el directorio en relación a su poder de fuego real. De hecho, entre los tres, no alcanzan al 9% del total de los votos. Brasil detenta menos del 1,5% , mientras que entre China y Rusia acumulan el 6,4% del total (3,7% China y 2,7% Rusia), con lo que su peso específico es menor en el momento de levantar la mano (o bajar el pulgar) a los de Estados Unidos, Japón, Alemania, el resto de la Unión Europea y hasta los del Golfo Pérsico en su conjunto; quienes superan el 80% de los votos, y, en consecuencia, el verdadero corazón de la aprobación o rechazo de las propuestas.
Sólo con un mínimo del 85% de los avales se podría autorizar a que los técnicos de línea del Fondo apliquen para el país un plan de pagos por fuera de los únicos mecanismos autorizados por la carta orgánica del organismo, en este caso un Facilidades Extendidas con cambios en el plan de pagos y liquidación de divisas. Y, como lo que propone el país es una alteración de las normas, sólo una votación de más del 85% podría avalar el pedido. Más allá de Lula, China y Rusia, todo dependerá del apoyo de los Estados Unidos, país que detenta el 16,74% de las acciones, con lo cual sin este aval sería imposible que la intención de alterar (levemente) la Carta Orgánica del FMI pueda ser posible. Y esto es necesario, ya que por lo que se sabe, el Facilidades Extendidas que se discute tendría alteraciones con respecto a lo que está escrito en las normas internas del organismo, y sólo con el apoyo desde el directorio máximo podrían reconfigurarse estos cambios.En conclusión, y siguiendo una máxima del “albertismo”, “con Estados Unidos no alcanza, pero sin los Estados Unidos no se puede”.
En el tema votos del board, la situación está marcada de manera clara. Cada estado soberano tiene un porcentaje de votos dependiendo de su PBI, reservas y aportes al funcionamiento del organismo. Cualquier acuerdo normal (stand by o Facilidades Extendidas) es aprobado con un porcentaje mínimo del 70%; pero se necesita mayoría del 85% para planes especiales o alteraciones de la Carta Orgánica. Fue la necesaria en casos como la crisis griega de 2010 y la de Portugal de 2011.
