Tras el asesinato de Blas Correa de 17 años en un control policial en 2020 en la provincia de Córdoba, su madre, Soledad Laciar, impulsó un proyecto de ley para modificar el Código Penal e introducir penas más severas en crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y militares.
La presentación de la iniciativa fue dada a conocer hoy en la ciudad de Córdoba por Laciar y será canalizada en el Congreso Nacional a través de la diputada nacional local (Juntos por el Cambio), Gabriela Brouwer de Koning.
La denominada "Ley Blas" consta de tres puntos: "Agravar la tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias"; "incorporar una sanción específica para los miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias que planten armas u otros elementos para entorpecer o alterar una investigación"; y, "al nuevo tipo penal, se incorpora la aplicación de la figura del Arrepentido", de acuerdo a lo que establece la ley 27.304".
Por otra parte, plantea un programa que promueva en forma progresiva el "desarme de la sociedad civil".
Brouwer de Koning sostuvo: "Es un aporte que apunta a prevenir y erradicar la violencia institucional", dijo la diputada al sostener que sobre esa temática hay un gran "vacío legal" y esta ley "apunta a ser un aporte para llenar ese vacío".
Por su parte, Laciar explicó: "Se trata de una herramienta más que, en este caso, consideramos valiosas para avanzar en una sociedad más justa y para que lo que ocurrió con mi hijo no vuelva a suceder".
Al respecto instó a los legisladores nacionales de todos los partidos políticos a "acompañar" la propuesta para que "la sociedad recupere la confianza en las fuerzas de seguridad y que la policía recupere el valor por la vida de la gente", resaltó la mujer.
El 6 de agosto de 2020, Blas Correa fue asesinado tras evadir un control policial en la zona sur de Córdoba y ante esta situación, dos de los efectivos de seguridad presentes le dispararon. Uno de los dos proyectiles le impactó en la espalda y lo mató.
El 31 de marzo de este año la Cámara 8va. del Crimen, con jurado popular, condenó a 11 de los 13 policías enjuiciados por ese hecho. La pena de prisión perpetua recayó sobre los cabos primero Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35), los responsables de efectuar los disparos con su arma reglamentaria.
En la sentencia también se resolvió remitir los antecedentes a la Fiscalía de Instrucción de José Mana para que se inicie investigación penal contra los responsables políticos que estaban a cargo de distintas áreas de seguridad al momento del hecho.
Entre ellos quien fuera ministro de Seguridad Alfonso Mosquera; el secretario de Seguridad Sebastián Mezzano; la actual jefa de la Policía provincial Liliana Rita Zárate Belletti; y el jefe zonal sur de la policía, comisario Gonzalo Cumplido.
