El operativo en conjunto que realizó las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional? en los sectores de: San Lorenzo, Sinchiwaira y Musulla, provincia de Orellana, logró la incautación?de maquinaria y la detención de un ciudadano. Participaron mil servidores.
De acuerdo a un informe de la Policía Nacional, desde las 23:00 del 3 de mayo hasta las 23:00 del 5 de mayo se desarrolló un control en el que se pudo “ubicar” a 34 excavadoras, pero solo se suspendió a tres y se destruyó a otras 14. También se encontró solo un explosivo y se señaló que se detuvo a un ciudadano.
Entre otros detalles de la comunicación colgada en su cuenta de Twitter, se apuntó que dieron con siete clasificadoras, cuatro generadores de energía, cuatro bombas de agua y 327, 07 gramos de “presunto material aurífero”.
Además, en el lugar había? 3.950 galones de combustible, 240 dólares, tres balanzas, dos vehículos, ocho armas de fuego y 27 municiones.
Aunque en el comunicado de las FF. AA. se garantizó que “con esta intervención se evita que se continúe con las afectaciones ambientales e hídricas que causen impacto ambiental grave o permanente”, no se aclaró qué procedimiento tomaron con las 17 excavadoras identificadas restantes y con el personal que las operaba, tampoco se explicó por qué no se detuvo a más ciudadanos tomando en cuenta las grandes proporciones de equipos en el lugar.
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En las redes sociales institucionales de las fuerzas del orden se colgó videos de los uniformados trasladando equipos y elementos usados para la minería ilegal, que al parecer fueron abandonados antes de que llegue la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Fiscalía y personal de la Agencia de Regulación y Control.
Desde enero pasado, poblaciones amazónicas han denunciado mediante plantones y protestas cercanas a las intervenciones mineras ilegales, especialmente en las cercanías de ríos de las provincias de Napo y Orellana y la falta de control para evitar las excavaciones y la destrucción de la flora y por ende la muerte de diversas especies de la fauna.
Según la información proporcionada por la Policía, mediante la resolución Nro. ARCERNNR-2023-0028-RES, se obtuvo las autorizaciones jurídicas administrativas “para inhabilitar, inmovilizar o destruir la normal operación de los bienes, equipos, maquinarias y vehículos utilizados en minería ilegal.
