Los especialistas jurídicos Graciana Peñafort y Andrés Gil Domínguez señalaron que las cautelares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suspendieron las elecciones en San Juan y Tucumán "ponen en peligro el Estado de derecho" y "genera un daño gravísimo al sistema democrático".

"Las instituciones están funcionando mal y lo que estamos viendo son precisamente las consecuencias de ese mal funcionamiento, que pone en peligro el Estado de derecho", señaló la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort.

La especialista indicó que la ley 48, que determina las jurisdicciones y competencia de los tribunales nacionales, "dice que la única manera que puede intervenir la Corte en este tipo de casos es cuando hay sentencia firme de los tribunales de provincias". Y ratificó: "No es una decisión de la Corte".

"En el caso de San Juan no hay sentencia firme del tribunal de provincia. Y en el caso de Tucumán hay una sentencia del tribunal de provincia pero no fue impugnada por la vía que corresponde, que es un recurso extraordinario", detalló.

Tanto Manzur como Uñac obtuvieron el aval judicial en las provincias para sus postulaciones, que habían sido cuestionadas por las fuerzas de la oposición.

La Corte Suprema suspendió las elecciones con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.

Los planteos opositores apuntan a impedir la posibilidad de que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo -uno como vicegobernador y tres como gobernador- y que Manzur integre por quinta vez la máxima jerarquía del Ejecutivo provincial.

En tanto, el abogado Andrés Gil Domínguez señaló en su cuenta de Twitter que "desde el punto de vista constitucional, la CSJ está habilitada para dictar estas medidas cautelares aunque tengan una argumentación escuálida en relación a lo que resuelven. El problema es el manejo político que hace el tribunal de un instrumento jurídico válido", indicó Gil Domínguez.

Y aseveró que "suspender preventivamente una elección de autoridades provinciales a 5 días de su realización, cuando sobró tiempo para resolver el fondo de la cuestión, genera un daño gravísimo al sistema democrático argentino y pone en crisis la argumentación jurídica utilizada".