El dictamen de la Corte Constitucional que dio vía libre al juicio político contra el presidente de la República evadió explicar términos importantes no definidos en la Constitución ni la ley, al igual que tampoco estableció sus parámetros de aplicación y prueba, de forma tal que al haber usado expresiones como “responsabilidad y control político”, “juicio político”, “sanciones políticas” e “infracciones constitucionales” sin dedicarle más de siete líneas, ahondó la opacidad de los textos legales -a todas luces insuficientes- y permitió que sean corrompidos por los perversos intereses detrás de esta acción. Así que la indicada Corte seguramente deberá hacer un control constitucional de lo que en última instancia decida la Asamblea a guisa de “responsabilidad política”, lo cual se hubiese evitado estableciendo de manera previa y firme reglas claras de argumentación constitucional y legal aplicables al juicio político, de modo que su desenlace no sea una mamarrachada más, igual a los informes, resoluciones y pedidos que lo sostienen, pues la estabilidad del país y nuestra democracia deben ser defendidas también por el máximo tribunal de justicia, contra la función del Estado más desprestigiada y con menor credibilidad.

Carlos Cortaza Vinueza