Durante los exámenes especiales realizados en 2022, la Contraloría General ha emitido 840 millones de dólares en sanciones para funcionarios públicos y contratistas.

Del monto total, 9,5 millones de dólares fueron por resoluciones de responsabilidad administrativa. Otros 816 millones de dólares fueron por responsabilidades civiles (glosas) confirmadas y 15,3 millones por órdenes de reintegro confirmadas.

Entre los casos que 2022 tuvieron glosas está la construcción y fiscalización de la Ruta Viva. La glosa fue de 7,9 millones y de estos 5,1 millones por daños prematuros en la capa de rodadura, pues se presentaron fisuras y decoloración.

Otra glosa por 346.372 dólares fue para funcionarios de la Celec, quienes no advirtieron ni sancionaron los incumplimientos del contrato para la construcción de un dique que aplaque la erosión regresiva en las márgenes del río Coca.

Y otra de 1,7 millones por la compra de 203 cámaras de la empresa china Hikvision, en la alcaldía de Jorge Yunda.