Los despachos de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, investigados por un presunto tráfico de influencias, fueron allanados la noche del viernes 12 de mayo de 2023.

Así lo informó la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter. La entidad indicó que el procedimiento se realizó con base en una orden judicial y en el marco de una nueva investigación por el posible delito de obstrucción a la justicia “relacionados con casos considerados de conmoción”.

Durante el allanamiento al edificio matriz del Consejo de la Judicatura, en Quito, los policías levantaron indicios como documentos, dispositivos electrónicos, computadores, manuscritos rotos y más.

“Una vez levantados todos los indicios digitales y físicos, se procederá con las correspondientes diligencias y pericias en torno a la investigación del presunto delito de obstrucción de la justicia”, señaló la entidad.

La diligencia causó la reacción del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, la calificó de “persecución” y la asoció a que un día antes se presentó allí una falsa amenaza de bomba, según un comunicado.

“Diligencia que no se ejecutó de acuerdo a lo que establece el artículo 481 del Código Orgánico Integral Penal, que señala que un allanamiento debe realizarse previa la presentación y lectura de una orden judicial, situación que no ocurrió. Pese a las circunstancias descritas, el Consejo de la Judicatura facilitó la irrupción de quienes dijeron ser servidores de la Fiscalía”.

La Fiscalía, por su parte, negó que hayan existido facilidades. Aseguró que los funcionarios de la institución desactivaron los ascensores para entorpecer el trabajo de los uniformados.

Finalmente Terán dijo que en la justicia jamás se deben mezclar los tintes políticos. “Quien lo hace debe pagar ya que eso es ilícito”.

Justamente, la investigación de la Fiscalía contra los dos vocales de la judicatura se basa en un audio divulgado en junio de 2022, en donde los sospechosos aparentemente hablan de beneficiar a Guadalupe Llori, entonces presidenta de la Asamblea Nacional, con una acción de protección para evitar que pierda su cargo.

Una vez terminada la etapa de investigación previa, la Fiscalía pidió fecha y hora para presentar cargos. Pero la diligencia no se dio porque la vocal Maribel Barreno recusó al juez Walter Macías. Su abogada María Dolores Veintimilla dijo que existía una enemistad mutua entre el juez y la vocal.

La Corte Nacional no lo permitió separar el juez y ratificó su competencia. Un día después el Consejo de la Judicatura resolvió suspender al juez Macías por tres meses. Votaron a favor Wilam Terán y Xavier Muñoz Intriago. Con el voto dirimente de Terán y pese a la “enemistad mutua con Barreno”, se logró quitar el expediente de las manos del juez.