Días después de la visita de Cardarelli (interlocutor del FMI con Argentina), quien reviso la marcha de la economía; sospechosa e inesperadamente, aprovechando el tema de la energía en Houston, concurría Dujovne con Lopetegui (Energía) para advertirle algo a Lagarde en Washington. Nos recordaba los desesperados e intempestivos itinerarios de Domingo Cavallo durante 2001.

El equipo técnico del organismo internacional acababa de salir el 8 de marzo (2019) para tener “un encuentro protocolar”, definido a último momento... El protocolo es exactamente lo opuesto a la improvisación. Mas que nada corrieron por el desembolso de u$s 10.700 millones que, si no llegaba, podían poner las cosas complicadas.

El primer programa del FMI sirvió para evitar el default Macrista y al mismo tiempo financiar la fuga de capitales de sus relaciones, relevando del riesgo a los privados estadounidenses, salvando bancos y fondos de inversión, preservando el sistema financiero internacional, con consecuencias devastadoras para la Argentina.

El segundo programa económico del FMI tenía como objetivos: escindir la carrera entre el dólar y la inflación, cuando el dólar ya había aumentado 100% y la inflación superaba las metas 200%. Más que nada el FMI buscó evitar el default, y salvar a los inversores y prestamistas estadounidenses, además, para que los bancos no tuvieran que “provisionar perdidas” proporcionando balances aterradores impactando la bolsa de New York.

Reducir los nuevos y aumentados déficits fiscal y de la cuenta corriente del balance de pagos, e inestabilidades frecuentes del BCRA, parecían ser los propósitos supletorios, impidiendo que se repitieran circunstancias fustigadoras, querían que se contuviera también la tasa de inflación, y que la economía lograra aguantar hasta la elección presidencial de octubre 2019.

Nadie creía que el objetivo fuera que Macri llegara con chances a la disputa presidencial de octubre. La intención fue lograr que Mauricio Macri terminara su mandato sin tener que llamar a una elección anticipada, o una renuncia y convocación a la Asamblea Legislativa.

Es que no se veía cómo iba a llegar a la elección de octubre. Argentina se desmoronó. Se cayó del mundo de los mercados financieros. Nadie más que el FMI le volvió a prestar, desde enero de 2018. Y, sin crédito externo para financiar los déficits gemelos mientras al mismo tiempo pedaleaba la bicicleta financiera, la única alternativa fue el fundamentalismo económico del ajuste permanente.

La receta estándar del segundo acuerdo con el FMI incluía; política fiscal contractiva con meta de reducción del déficit primario a cero en 2019 y superávit de 1% del PBI en 2020, pero la recaudación ya estaba cayendo a una velocidad de 6% en términos reales, justo cuando pensaban ajustar más.

La política monetaria tenía que ser súper contractiva con una meta de expansión de base monetaria cero y suba de tasas extravagantes para las Leliqs nuevamente, para evitar otra nueva carrera dólar versus inflación. Febrero 2019 iba camino a 4% de inflación y el dólar se disparó hasta $ 43.50.

En el marco teórico de quienes estaban a cargo, no existían opciones de estímulo a la demanda agregada, vía políticas fiscales y monetarias expansivas, debido al daño autoinfligido por el nivel de endeudamiento excesivo y la carencia de financiamiento. No se podía impulsar una reactivación, ni siquiera leve. Así el Gobierno divulgaba cualesquiera fueran, medidas escasas para dar señales de que se iba a afianzar el consumo y la actividad económica.

Pero con una política macroeconómica contractiva, esas obviedades proporcionadas del marketing de impacto político, tendrían un resultado insignificante. Solo aprovecharían para ayudar discrecionalmente a algunos amigos del ministerio de producción, porque con la macro en contra, ni Coca Cola era eficiente. No le iba bien a la paradigmática corporación del capitalismo.

Como se podía observar, las cosas empeoraban cada día. La economía se contraía en los últimos tres trimestres de 2018 a una velocidad anualizada de (-9.5%), como en 2002 con corralito, corralón, default, pesificación, incumplimiento de contratos. Sin que se hubiera roto la convertibilidad como en aquel tiempo, y con el mejor equipo de los últimos 50 años, el año 2018 cerró con una caída promedio de (-2.7%) dejando para 2019 un arrastre negativo de (-3%) sin margen de maniobra, con efervescencia social-gentío pidiendo comida en la puerta de los country club-.

El déficit fiscal primario estaba bajando, pero el financiero creciendo y el déficit externo ajustando menos de lo previsto. El plan de emergencia para terminar el mandato, de ningún modo había sido el inicio de un camino hacia la deuda pública sustentable. Así las cosas, íbamos a default desordenado. El programa económico fue un “pelotazo en contra”, sumamente peligroso y en la dirección opuesta a la corrección de la pobreza y la indigencia. Aun en contra de los mercados, porque no reducía la incertidumbre, sino que la acrecentaba.

En términos figurados, se decía que estábamos en un tiempo político-económico y social como marzo de 2001-López Murphy y luego a por Cavallo-, pero con menos “economistas ilustres a mano”. Cambiemos necesitaba cambiar de gabinete, de plan económico y lucia indefectible y forzoso reestructurar el acuerdo con el FMI.

Se necesitaba un ministro de economía política. Caían PBI, consumo, inversión; crecían inflación, suspensiones, desempleo, pobreza e indigencia. Pero todo estaría mucho peor, si no se producía rápidamente una renegociación con el FMI y una reestructuración de la deuda con los acreedores privados.

Con una economía en caída libre, la elección presidencial era inalcanzable, el panorama era desolador para “la política”. El presidente tenía que tomar decisiones. Jugado por jugado, de todos modos, no había chance de una reelección de Mauricio Macri y, si el peronismo no se plantaba iba a tomar un hierro caliente como en 2001. Es lo que sucedió. El descarrilamiento en cámara lenta que estábamos viendo, aceleraba su marcha y podíamos chocar el país antes o después de las elecciones de octubre 2019.

Director Ejecutivo de Fundación Esperanza. Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros.