La intención de la Ciudad de Buenos Aires de postular como instancia revisora decisiva sobre los fallos de la justicia nacional al Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) volvió a cobrar notoriedad tras meses de impasse sin una definición final de la Corte Suprema.

La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó una decisión de primera instancia y rechazó un planteo de “excepción de incompetencia” que el Gobierno que comanda Horacio Rodríguez Larreta había interpuesto para intentar evitar que la Justicia federal se expida. Los jueces José Luis López Castiñeira, Claudia Caputi y Luis Márquez ratificaron que es el fuero federal donde debe tramitarse el pedido de inconstitucionalidad que pesa sobre el artículo 4° de la Ley 6452 con la que la Ciudad intentó subordinar el resto de los tribunales nacionales a la órbita del TSJ. Se la conoció en su momento como “Ley Macri” porque tenía como destino tener impacto directo en la quiebra del Correo Argentino que lleva adelante el proceso más largo de quiebra de la historia de la Justicia comercial argentina. Como estos tribunales pertenecen a la denominada “Justicia ordinaria” que opera en los límites de la CABA, la Ciudad sancionó a través de la Legislatura una suerte de sumisión de todos esos fueros al TSJ como “filtro” hacia la Corte Suprema que antes operaba como superior directo. El TSJ está hoy presidido por la magistrada Inés Weinberg de Roca, quien fuera propuesta por Mauricio Macri como candidata a procuradora general de la Nación pero el Senado la terminó obturando.

Contra esta intentona, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público inició una acción judicial. La preocupación no es ir contra una norma que parece a medida del macrismo porque existen -incluso en la Corte- algunos precedentes que balizan un camino similar que el máximo Tribunal podría reconocerle al TSJ como una instancia superior dentro de una jurisdicción como rasgo de autonomía. De fondo, las distintas asociaciones dentro del Poder Judicial temen que esto sea la punta de lanza para una “municipalización” de hecho que supone un traspaso encubierto, no formal pero sí respecto a quien es el validado para revisar los fallos de la Justicia comercial, laboral, civil, además de las penales que tienen además su propia instancia casatoria. El agregado es que la administración Larreta impulsó el tema sin tener una ley análoga del Congreso Nacional. Sobre ese incumplimiento versa la tacha de inconstitucionalidad que plantearon los fiscales agremiados pero que por detrás cuentan con el respaldo de sus pares de la Justicia federal, algo que se evidencia en este fallo pero también en el de primera instancia cuando la jueza contencioso Macarena Marra Giménez también dijo que este planteo debe correr por cuenta de la Justicia federal y no por la porteña, como pretendía la CABA.

La jueza había sentenciado que era “competencia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal la demanda tendiente a que se decrete la incompetencia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para dictar Leyes con alcance nacional o federal” y que se cuestionaba que hubiese legislado en competencias propias del Estado Nacional.

“El agravio expuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la medida que pretende el desplazamiento de la competencia en favor de la Justicia local, cuando en el caso –como se viene diciendo– se encuentra en juego la interpretación y aplicación de normas de la Constitución Nacional y Leyes federales, no puede ser admitido”, sostuvieron ahora los jueces, inaugurando un nuevo capítulo de la pelea.