Múltiples opiniones piden fortalecer la institucionalidad, que haya estabilidad. Ambas son interdependientes, la una requiere de la otra. Aquello se logra respetando el ordenamiento jurídico vigente, con funcionarios y entidades públicas que obren dentro de sus atribuciones y responsabilidades. El Ecuador no puede autoengañarse, las 3 funciones clásicas de una democracia: Ejecutiva, Legislativa y Judicial, tienen escasa credibilidad y confianza ciudadana. De los otros dos ‘poderes’ creados en la actual Constitución, el Electoral tiene poca y el Cpccs ínfima credibilidad.
El país no puede limitarse al dilema de escoger la opción política menos mala. Un gobierno sin convicciones, patriotismo, ni objetivos claros, alejado de las aspiraciones y necesidades de la población, genera ingobernabilidad y hace crecer al populismo autoritario estatizante.
No se debe renunciar a luchar por un mejor país, con más transparencia. Hay que recordar el axioma: “lo que no hacen los pillos porque no les conviene, lo hacen los tontos aunque no convenga”.
Cambiar esta situación exige una reforma trascendente que corrija debilidades institucionales. Un presidente tiene amplias facultades para hacerlo, mediante consulta popular, disolviendo la Asamblea, convocando una Constituyente.
El actual gobierno no lo hizo cuando contaba con apoyo ciudadano. Debió impulsar la consulta bien concebida, promovida por una comisión integrada por respetables ciudadanos, que contaba con firmas de respaldo y dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Existen escasas posibilidades de cambiar la radicalización política existente, hay una sórdida pugna que vuelve frágil la democracia. El juicio político en trámite depende del dictamen de la Corte Constitucional, que goza de bastante credibilidad, y se espera que se pronuncie al margen de presiones.
Esta realidad no se corresponde con el esfuerzo que hacen los ecuatorianos por aportar al desarrollo del país. La dolarización se mantiene por el aumento de exportaciones del sector privado, mientras en el ámbito público crece la inseguridad, se suben impuestos, y el gasto fiscal sigue deficitario.
