La decisión histórica del presidente Lasso al decretar la disolución de la Asamblea marca un nuevo momento político tras cinco meses de profunda incertidumbre. El país agradece la certeza en el panorama inmediato: el 20 de agosto los ecuatorianos irán a las urnas a elegir nuevo presidente y nueva Asamblea, que estarán en funciones hasta mayo de 2025. El presidente ha generado un espacio -aunque mínimo- para concretar algunos puntos clave de su plan de gobierno, como inversión y empleo. Los plazos para convocar a elecciones anticipadas empezaron a correr y la Corte Constitucional (CC) se convierte en el contrapeso democrático del gobierno. Lasso cuenta con aproximadamente 180 días para gobernar sin la oposición del Legislativo. Es poco probable que consiga ejecutar grandes obras de infraestructura o iniciativas gubernamentales ambiciosas, pero no deja de ser un espacio de oportunidad para evidenciar mayor inversión pública, proximidad con la ciudadanía y presencia territorial, factores que bien manejados podrían suponerle una mejora -aunque discreta- en sus márgenes de aceptación. Podrá expedir decretos-leyes de urgencia económica que deberán contar con previo dictamen favorable de la CC, y retomar iniciativas que fueron archivadas o relegadas en la Asamblea. La primera, una reforma tributaria que propone beneficios para la clase media, la cual se firmó minutos después de la emisión del decreto de disolución de la Asamblea y que se encuentra ya en la CC; de superar su control, el presidente tendría ya una primera buena noticia para anunciar y evidencia de que el origen del problema de gobernabilidad era justamente la Asamblea. Lasso ha conseguido pasar a la historia. Si su decisión lo salva o sepulta dependerá, precisamente, de cómo aproveche estos cinco meses de camino despejado.

Carlos Llanos