Comienza hoy la quinta semana consecutiva de negociaciones vía zoom con el Fondo Monetario Internacional para la reedición del acuerdo de Facilidades Extendidas, hoy suspendido desde la tercera semana de abril. Y con el comienzo el jueves próximo del mes donde Argentina podría caer en incumplimientos si no llega a un acuerdo antes del 22 de junio, cuando teóricamente se le deberían girar al organismo que maneja Kristalina Georgieva unos u$s2.300 millones por pagos de capital. La buena noticia es que la semana pasada los miembros del staff técnico de Washington plantearon cierta flexibilidad en el momento de aceptar las propuestas de Buenos Aires sobre la evolución del déficit fiscal durante los primeros cuatro meses del año.

Según lo que al menos se interpretó en el país, los números mostrados sobre una reducción del gasto en un 11%, el compromiso de suspender los subsidios a los sectores de mayores recursos, la aplicación del dólar agro que mejoraría la recaudación de los derechos de exportación y cierto control de la obra pública, matizaron el mal dato de la acumulación de un déficit de 0,6% del PBI durante el período enero-abril. Esto, sumado a los efectos de la sequía en la recaudación, alcanzaron para mejorar la imagen del panorama fiscal en la gente del encargado del caso argentino en el FMI, el venezolano Luis Cubeddu. Al menos no será este capítulo el que trabe un acuerdo.

Tampoco, al menos por ahora, parecen tener mella en Washington las frases que el kirchnerismo volcó a destajo en los últimos días sobre la futura relación que el país debe tener con el FMI y el futuro negro en la supervivencia del Facilidades Extendidas. Desde el equipo económico se les dejó en claro a los interlocutores del Fondo, que todo lo que se está discutiendo es una renegociación de metas de reservas y revisiones monetarias y fiscales bajo la base de las consecuencias de la sequía (y nada más). Cualquier otra cuestión más política que económica, saben mutuamente las partes, quedará para la gestión que suceda a la de Alberto Fernández.

Así las cosas, la negociación en esta quinta semana vuelve a cero y se concentra en la política cambiaria, el tema donde aparecen las mayores diferencias entre las dos partes que debaten el futuro del acuerdo. Por ahora la situación está en una especie de “wait and see”. El mayor avance se dio hace 10 días, cuando el FMI le había dado un guiño al equipo económico, en decisión de dejar de intervenir, permitir que corra y que se incremente el tipo de cambio para los dos mercados de dólares financieros. La nueva estrategia de la secretaría de Finanzas había elevado el precio del MEP y el CCL a un nivel más cercano al blue, algo que nuevamente se recortó la semana pasada, pero casi sin intervención oficial.

Los funcionarios del Palacio de Hacienda justificaron el cambio de operatoria. Las intervenciones directas en los mercados de dólares financieros eran analizadas desde la sede del organismo como una política cambiaria artificial de intervención sobre el tipo de cambio, alejada de todo lo comprometido en el Facilidades Extendidas, suspendido cuatro semanas atrás justamente cuando comenzó la estrategia de intervención directa sobre el MEP y el CCL por parte del Gobierno para frenar (exitosamente a los ojos del Palacio de Hacienda) la corrida de fines de abril. Lo firmado en 2022 con el FMI prohíbe explícitamente utilizar dólares de las reservas de manera directa o indirecta para controlar el tipo de cambio, lo que derivó en que la vigencia del acuerdo entre en modo pausa. Como la decisión del equipo de Sergio Massa fue tomada en medio de las negociaciones con el staff para la reformulación del acuerdo, no hubo mayores consecuencias reales ni en la relación con el Fondo. Sin embargo, desde Washington se aclaraba que una vez que las negociaciones se cerraran y la nueva versión del Facilidades Extendidas estuviera en vigencia, todo deberá volver a la normalidad.