La comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que comanda el legislador kirchnerista Carlos Heller, dictaminó ayer una ley de consenso entre oficialismo y oposición para fortalecer la justicia federal en Santa Fe: activaría a 27 fiscales federales, 15 de ellos, en Rosario; nueve defensores; seis jueces de garantías; y seis magistrados con funciones de revisión, entre otras cosas, con el fin de poder avanzar -con mayor rapidez- con las causas penales para combatir el complejo escenario de asesinatos y narcotráfico en dicha provincia.

El despacho se sumó a la firma ya vigente de las otras comisiones involucradas, que debatieron la iniciativa a inicios de mes -Justicia; y Legislación Penal-, y el proyecto quedó listo para ser aprobado en el recinto de la Cámara baja el martes próximo. Todo indica que la solicitud aparecerá antes que finalice esta semana para aprovechar la presencia de los legisladores, quienes un día después -el miércoles- escucharán el informe del flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

La reunión se inició con el detalle de un informe de la -siempre seria- Oficina de Presupuesto del Congreso. Días atrás, desde el despacho de Heller se usó la espera de dicho documento para demorar la convocatoria de la comisión de Hacienda. Antes de eso se puso como excusa que era “común” que se dictamine en diferentes etapas. Ayer, el propio diputado dejó claro que los números presentados por la OPC nunca son “vinculantes” y explicó que, entre las cifras presentadas y proyectadas, la ley involucrará entre $7.000 y $7.500 millones anuales.

Más allá de esta cuestión, el problema principal es la parálisis generalizada en el Congreso. Con lógica, la mayoría de las miradas apuntan al Senado -en comparación, Diputados se movió mucho más-, donde Cristina de Kirchner tiene frenada no sólo la activación de legisladores designados para la bicameral de implementación del Código Procesal Penal, sino también la orden política para realizar una sesión y aprobar pliegos judiciales para Santa Fe que esperan desde el año pasado. La última vez en el recinto fue en noviembre de 2022.

Esos temas fueron recordados por varios diputados opositores ayer. Quien salió en defensa de la titular de la Cámara alta fue el diputado Marcos Cleri, tras un discurso del usual nervioso radical Mario Barletta. El legislador camporista, acostumbrado a chocar, apuntó a la oposición santafecina por los registros de inseguridad en el distrito tras 40 años de manejo en Rosario y 12 en la provincia. También denostó al macrismo por las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas), motivo que llevó al jefe del kirchnerismo en la Cámara baja, Germán Martínez, a adelantar la presentación de una iniciativa relacionada con el tema.

“Qué difícil es hablar después de un provocador”, le respondió su comprovinciano del socialismo Enrique Estévez: lo trató de “irresponsable”, “cínico” y “facho”, entre otras cosas. Luego, enumeró cuestiones donde el Gobierno nacional no dio respuestas, como por ejemplo, el control de la Hidrovía Paraná, las fronteras y rutas nacionales.

Por último, Estévez mencionó la corrupción y solicitó que Cristina de Kirchner solucione la traba en la bicameral mencionada en vez de dar “charlas internacionales”. Cleri exigió la palabra por sentirse aludido y aseveró que si se cree que la titular del Senado es la solución a los problemas, para su espacio también y que por eso reclaman que “sea presidenta”.

En tanto, desde el PRO, Federico Angelini sostuvo que, bajo el Gobierno de Juntos por el Cambio, se bajó un 25% los asesinatos y le espetó al oficialismo: “Ustedes tenían que cuidar las cárceles. Más del 70% de los delitos se organizan desde la cárcel. Prefieren cuidar los derechos de los delincuentes en vez de los ciudadanos”.

Las comisiones de Agricultura; y de Industria de Diputados, oficialismo y oposición acordaron ayer la realización de un plenario en las próximas semanas, con la de Presupuesto y Hacienda -de nuevo, Heller-, para emitir dictamen sobre el proyecto de Régimen de fomento al desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador. La iniciativa, reclamada con ansias desde varios sectores privados, no fue tratada por el Congreso en los últimos años y perdió estado parlamentario.

Al término de la reunión, el presidente de la comisión de Agricultura, el radical Ricardo Buryaile, destacó: “Pusimos en consideración los cambios introducidos en el proyecto original del Ejecutivo que había perdido estado parlamentario. Se ha mejorado mucho. Se le ha quitado burocracia, se le ha dado mayor celeridad a la amortización acelerada, bajó de la mitad de la vida útil a dos años, se han introducido incentivos para usar tecnología como fertilizantes, semillas fiscalizadas, genética bovina; y se introdujo un incentivo para la generación de empleo con la reducción de aportes patronales para las micro pequeña y mediana empresas”.

“Restan aún aportes que han hecho los diputados. El aspecto central está relacionado con los derechos de exportación, que es una necesidad teniendo en cuenta la realidad que vive hoy el sector agropecuario, tanto por la brecha cambiaria como por la crisis climática. Trataremos de consensuar para avanzar en el proyecto”, concluyó Buryaile.