Contrariamente a lo que siempre había quedado en el relato del imaginario colectivo sobre el caso, no fue la agente de la PSA María del Luján Telpuk la que descubrió los u$s790.550 que trató de ingresar al país en una valija el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, el 4 de agosto de 2007. El hallazgo lo produjo la Aduana, a través de un control selectivo de un carro con equipaje que había ingresado por el sector de taxis aéreos, en un vuelo que arribó -con retraso- y que traía a una comitiva mixta entre funcionarios argentinos y directivos de PDVSA. Así lo declararon ayer, de forma coincidente en sus indagatorias, tres de los funcionarios aduaneros de distinta jerarquía que hoy se encuentran en juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 que, 16 años después, intenta llegar a una conclusión con apenas una “fracción” de la causa.
Rosa García -exdirectora de la Aduana Ezeiza-; María Cristina Gallini (jefa de turno de equipaje) y Jorge Lamastra, guarda aduanero fueron los que declararon, aceptaron preguntas y dieron detalles. Fue este último el que recibió a la comitiva que había llegado a las 2 am en el vuelo de Royal Class alquilado por ENARSA y con el exOCCOVI Claudio Uberti como líder. Lamastra se llevó el protagonismo al afirmar que fue él quien seleccionó el equipaje “al azar” al cual se le iba a hacer un control. Allí surge la primera curiosidad y es que como la Aduana no tenía un scanner, en Aeroparque, debía pedirle prestado a PSA el suyo para los controles de rutina. Telpuk operaba el scanner en el que se observó una figura “amorfa” en la valija. Lamastra declaró haber preguntado a viva voz a quien pertenecía. El fornido Antonini levantó la mano. “¿Algo que declarar?”, le preguntó Lamastra. “Solo libros y papeles”; “¿”Puede abrirlo?”, le replicaron. Antonini abrió la valija y sin disimulo aparecieron los casi u$s800 mil, único contenido de la maleta en billetes de 50 y con fajos atados con bandas elásticas. En el banquillo de los acusados por contrabando de divisas, posible lavado y encubrimiento está toda la “tira” de funcionarios aduaneros que suscribieron las actas del procedimiento, pero también incluyen a Ricardo Echegaray que era el titular de la DGA en esos años, sumado al propio Uberti y a Julio De Vido, a quien colocan como jefe de Uberti, algo que solo se plasma en el organigrama formal del Ministerio de Planificación.
Los imputados aduaneros negaron enfáticamente cualquier irregularidad y ratificaron lo que enunciaban las actas que plasmaron el operativo. Dijeron algo más: en zona primera, la Aduana es la que tiene la atribución para actuar, utilizando a la PSA como auxiliar. No es al revés. En este caso, están acusados de encubrimiento agravado y conforman el mayo número de acusados en juicio. El resto eran los extranjeros que habían venido en una comitiva y que para los registros de la justicia local, están “rebeldes”. Antonini nunca regresó al país.
Al comienzo de la audiencia los jueces Luis Losada, Diego García Berro e Ignacio Fornari habían rechazado todos los planteos de nulidad encarados principalmente por las defensas de De Vido y Echegaray. Básicamente giraban en torno a la violación de plazo razonable para ser juzgados (pasaron 16 años de los hechos); la excepción de incompetencia por razón de la materia (si el dinero como declaró Antonini en un juicio en Estados Unidos estaba destinado a la campaña electoral del kirchnerismo debía ser considerado un delito electoral); a la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, entre otros.
Si hubo un punto que llamó la atención de los jueces fue la uniformidad en el criterio de todos los implicados que hablaron: ninguno dudó (y ahora ratificaron) en que todo el affaire partió de una “infracción aduanera”. “Ingresar dinero al país no es un delito”, insistieron. El problema es no declararlo. Si Antonini hubiese afirmado que traía dinero, lo hubiesen contado, se habría confeccionado un acta con copia a la UIF y se habría llevado la valija llena adonde sea que fuera. En varias oportunidades, Losada y García Berro insistían en que por qué el tema no se llevó inmediatamente a la justicia. “Porque se resuelve administrativamente. Es una clásica infracción al régimen de equipaje”, aclaró García. No existió “ocultamiento” tampoco, como podría haber sido un doble fondo en la valija. Estaba todo a la vista. Losada se colocó como el que dirigía los interrogatorios y no dudaba en interrumpir el cuestionario de las partes para pedir aclaraciones o abundar en algún punto que le interesaba. De todas formas, aclararon, el hecho ocurrió el sábado a la madrugada y el mismo domingo, el área de “sumarios de prevención” había dado aviso a la justicia cuando el caso todavía no había estallado.
Más cauto y con el objetivo de fijar cómo fue la secuencia, el fiscal Marcelo Agüero Vera apuntó su interrogatorio a los pormenores y diálogos que pudieron haber mantenido Antonini con su acompañante -a quien Gallini dijo que se lo presentó como su “sobrino Daniel”-. El fiscal también quiso saber si alguien les había dado órdenes de cómo actuar aquella madrugada. A su turno, cada uno dijo lo mismo: ninguna. Habían actuado conforme a lo que siempre consideraron una infracción y la relevancia estaba en el monto. Uno de los imputados reconoció que nunca antes había tenido un caso similar. Pero que después del affaire Antonini sí tuvo uno relacionado a una persona coreana. “Nunca trascendió”, comparó. “La orden fue realizar un acta infraccional y que se cuente y se resguarde el dinero”, afirmaron las declaraciones. No hubo contradicción en eso entre los aduaneros que aseguraron que cumplieron a rajatabla con su deber hasta el límite de sus atribuciones funcionales.
Vía Zoom, la audiencia tuvo un momento curioso cuando desde una de los recuadros se alzó la mano para hacerle preguntas a una declarante. El juez pidió que se identificara a quien pedía la palabra: era el Ministerio Público Fiscal de Venezuela, reconocible por la bandera por detrás de dos personas que observaban el juicio. El problema es que estaban inscriptos como público y obviamente no son parte del juicio. Después de que se les aclarara eso por privado, no volvieron a aparecer en las ventanitas. Por algún motivo, el juicio interesa en Venezuela.
Telpuk será testigo en la audiencia próxima cuando el resto de los imputados culminen con lo que ya anticiparon, serán sus indagatorias. Todos quieren dar su versión de defensa. Agüero Vera mostró cintura para evitar caer en una trampa. Estaba convocado por la fiscalía como testigo Juan Musa, un denunciador compulsivo habitué de tribunales. La fiscalía lo desistió. El juez Losada pidió saber cuál había sido su intervención en el expediente. Había radicado una denuncia tras afirmar que había estado en el aeropuerto esa misma madrugada. Agüero Vera insistió en que no estaba interesado, algo inhabitual en juicios donde hay exfuncionarios involucrados y se suele echar mano de todo tipo de testimonios.
