“Si hubo voluntad de contrabando se truncó”, sostuvo ayer Ricardo Echegaray en el marco de su indagatoria en el juicio oral por presunto contrabando y encubrimiento al ingreso al país del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson con una valija con u$s790 mil ocurrida en agosto de 2007. Además del último de los jerárquicos aduaneros en declarar, ayer fue el turno de quien fuera extitular de la Dirección General de Aduanas a la fecha, quien sostuvo que no sabía de qué debería defenderse porque en toda la instrucción de la causa no constaban intervenciones suyas de ninguna característica, incluidos subalternos directos que tomaron conocimiento del hecho antes que él. A su vez, defendió el accionar de la Aduana desde que estalló el caso. También declaró el exministro de Planificación Julio De Vido, que hizo una enfática defensa a las políticas de acuerdos y convenios que por entonces se habían firmado con Venezuela con objetivos estratégicos compartidos con Hugo Chávez. Pero lo más fuerte que sostuvo fue que solo había autorizado una comitiva con esos fines. Sigue siendo un interrogante por qué subió Antonini a un avión privado alquilado por ENARSA. El hombre clave para responder sigue siendo el extitular del OCCOVI, Claudio Uberti, quien ayer se negó a prestar indagatoria pero prometió que lo haría más adelante en el juicio.
Precedido por Guillermo Lucángeli jefe de la división Aeroparque de la DGA que ratificó el accionar suyo y de sus subordinados en el hallazgo de la valija en un control ocurrido a las 2.30 del 4 de agosto de 2007, Echegaray subió al estrado de forma presencial en Comodoro Py para responder preguntas de todas las partes. Dijo que según el requerimiento de elevación, estaba acusado por haber tomado conocimiento y dar instrucciones en la trama; haber omitido denunciar y haber embestido mediáticamente contra la jueza que tuvo a su cargo el caso, que estalló públicamente casi de forma inmediata, hace 16 años. A los aduaneros en juicio se les reprocha el presunto encubrimiento de la maniobra. Echegaray afirmó que todos los implicados habían declarado como testigo (bajo juramento) y sostuvieron lo mismo que luego en sus indagatorias: que el procedimiento que realizaron estaba encuadrado en una infracción el régimen de equipajes y que “nunca hubo duda” para la Aduana de que al no haber “ocultamiento” (por ejemplo en un doble fondo) no había un delito que denunciar, sino una infracción que debía resolver un juez administrativo, donde se derivan este tipo de cuestiones en el marco de un procedimiento aduanero. De hecho, en esa vía, hubo una condena que está asentada como prueba en el propio expediente.
“No dí ninguna instrucción para hacer ni para dejar de hacer”, puntualizó Echegaray que dijo haber estado durmiendo durante el decomiso y que recién se enteró a las 10 de la mañana. Hubo dardos imperceptibles hacia su segunda en ese momento, María Siomara Ayerán con quien se comparó al “no haber recibido el mismo trato procesal” y que existía un vacío en los peldaños jerárquicos de quienes eran señalados. Afirmó que él había sido el único director de Aduana de carrera y no solamente funcionario político, incluso haciendo referencia al actual, Guillermo Michel. El juez Luis Losada -que no vacila en dirigir el interrogatorio- indagó cómo se había enterado y específicamente qué le había dicho Uberti en las primeras comunicaciones, antes de que el escándalo fuera público. Echegaray respondió que sus subalternos lo informaron por el monto involucrado y que el exOCCOVI se había mostrado “preocupado” por el “impacto político” que el “problema” podía causarle al gobierno. Dijo que solo le habló de un “empresario venezolano” respecto a Antonini. Uberti miraba atento desde una de las ventanitas del Zoom. “Vos no tenés nada que ver”, respondió Echegaray que le dijo ante el escenario que se le planteaba por el hallazgo, a preguntas del fiscal Marcelo Agüero Vera quien viene descartando testigos innecesarios.
Echegaray buscó apoyarse en prueba documental: exhibió en el juicio el expediente administrativo por sus tramos más relevantes para graficar que “no hay una sola nota” que indicara su participación y que, incluso, el juzgado que tomó intervención y las demás áreas como la UFITCO -la fiscalía especializada en contrabando a cargo por entonces de Mariano Borinsky- se dirigieron hacia Marcelo Mignone que era el juez administrativo a cargo de la infracción que era quien podía entender y decidir sobre el caso. Y que la Aduana, al día de hoy y por sus procedimientos, sigue considerando que cuando no existe ocultamiento o ardid no puede jamás encuadrarse como contrabando. Por eso, dijo Echegaray, nadie hizo denuncia alguna. Y que hasta la UFITCO, el 7 de agosto de 2007 (tres días después) envió un oficio al juez administrativo prestando colaboración por los “hechos de conocimiento público” y “en caso” de que se evaluara una denuncia penal. Para el extitular de la AFIP, las “actuaciones siguieron su curso tal como había sido iniciada en el ámbito infraccional”, algo que en 2012 culminó con una condena sobre Antonini en lo administrativo. La causa penal se inició el 9 de agosto, luego de que el área de DGA “sumarios administrativos” tomara contacto con la Justicia al día siguiente del hallazgo. “¿Hay posibilidad de encubrir algo comunicando a la UIF?”, se preguntó Echegaray que mostró una comunicación del área aduanera dirigido a la unidad antilavado sobre el hecho que involucraba a Antonini, sumado a otros a distintas áreas de AFIP para que analicen el caso desde la óptica tributaria, incluida una alerta al fisco venezolano.
Eso explica, para Echegaray que la Aduana no se haya constituido como querellante en esta causa (ni siquiera durante el macrismo) y que nunca se hubiese cuestionado un hecho similar pero que ocurrió con 550 mil euros que arribaron desde España y fueron descubiertos a posteriori en un operativo similar, aplicando la selectividad que está basada en el azar y el expertise de los guardas. El juez Diego García Berro se interesó por qué acudieron ese día tantos funcionarios jerárquicos al aeropuerto a la madrugada. “¿Cómo no van a ir?”, respondió el acusado al señalar que todos querían mostrar su gestión en un operativo que no ocurría todos los días.
A su turno, De Vido no respondió preguntas pero apuntó al contexto político de relación con Venezuela en el que temporalmente se enmarcó el hecho y qué motivó su autorización para que viajaran los funcionarios, entre ellos Uberti. Negó los cargos y recordó que el convenio marco lo redactó Martín Redrado y que iba a ser de mutua conveniencia para ambos países, el de Chávez necesitado de alimentos y Argentina de energía. “No conozco a Antonini Wilson. No autoricé su ingreso al país y no gestionaba ENARSA”, lanzó el exministro, al afirmar que tampoco se involucró en el procedimiento aduanero. “Se tomaron decisiones ministeriales y del Ejecutivo” apuntó sobre el despido de Uberti tras el hecho. Ironizó sobre que le adjudican “más manos derechas que un pulpo”.
