A raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia Federal de Bahía Blanca ordenó allanamientos en 14 domicilios ubicados en las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Neuquén y Formosa para desarticular a un grupo de 123 firmas dedicadas a la producción y exportación de ajo y cebolla que evadieron desde enero de 2020 impuestos por $7.062 millones y fugaron divisas por más de u$s176 millones mediante exportaciones fraudulentas.

Los productores y exportadores apócrifos habían armado una serie de firmas falsas para declarar sus ventas al exterior, de manera tal que cuando la AFIP detectaba la irregularidad y anulaba alguna de las empresas, inmediatamente pasaban a utilizar otra -igualmente falsa- hasta que también era descubierta y desarticulada.

La maniobra fraudulenta tenía por objetivo evitar la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial para así mantener las divisas en el exterior o bien ingresarlas informalmente en el mercado paralelo. Además, se detectó que 479 trabajadores de los más de 1.000 contratados en los diferentes establecimientos tenían irregularidades en su registración.

Las tareas de fiscalización y control aduanero del organismo conducido por Carlos Castagneto permitieron identificar 123 exportadores que realizaron estas maniobras y cuyos números de CUIT ya fueron dados de baja. El principal destino de los envíos era Brasil y la mercadería proveniente de Mendoza, Neuquén y Bahía Blanca, cruzaba la frontera por Clorinda, Formosa; Bernardo de Irigoyen y San Javier, Misiones, y Paso de los Libres y Santo Tomé, Corrientes.

El monto evadido estimado desde comienzos de 2020 asciende a $194 millones en concepto de Impuesto al Valor Agregado y $6.868 millones en concepto del Impuesto a las Ganancias por las ventas tanto en el mercado interno como externo.

Las cifras del IVA surgen del crédito fiscal exteriorizado y el monto de Ganancias de estimar la alícuota del 30% sobre la facturación neta acumulada de $22.895 millones. En cuanto a las divisas, fue ingresado solamente el 1% de los u$s178 millones que declararon haber exportado, por lo que aún restan liquidar u$s176 millones que fueron fugados del país.

La investigación fue el resultado de un trabajo articulado entre las áreas aduanera, impositiva y previsional a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS).

Para dimensionar la magnitud de la maniobra, cabe recordar que la Argentina exporta más de u$s170 millones de ajo al año y se ubica tercera en el ranking mundial de proveedores de esa hortaliza. El 70% de la producción se destina al exterior. En cuanto a la cebolla, el 30% se vende en el mercado internacional y genera ingresos por más de u$s28 millones anuales.

La AFIP constató la existencia de un conjunto de pequeños y medianos productores que comercializan estos productos dentro de un circuito marginal, utilizando como intermediarios apócrifos para, de esa forma, evadir el pago de impuestos.

El circuito de estas operaciones comerciales quedaba cerrado mediante la venta de esa producción a un grupo de exportadores que, valiéndose de documentación falsa, exportaban el ajo y la cebolla adquiridos de manera informal. De esta manera, lograban hacerse de las divisas, pero evitaban liquidarlas en el país.

Asimismo, el organismo pudo verificar la existencia de un grupo de personas relacionadas a lo largo de la cadena de producción y comercialización que conformarían una asociación ilícita tributaria con el objetivo de evadir el pago de impuestos.

Estas personas se encargarían de la obtención de facturas apócrifas de compra en el mercado interno y de venta en el exterior mediante el reclutamiento e inscripción de sujetos sin capacidad contributiva, además de la emisión de comprobantes falsos. Por medio de este artilugio, los productores y exportadores de ajo y cebolla pretendían formar una “cáscara” societaria para darle una apariencia legal a su actividad fraudulenta.

Los allanamientos fueron dispuestos por el Juzgado Federal Nro. 1 de Bahía Blanca en forma simultánea en 14 domicilios ubicados en la Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Neuquén y Formosa. En las tareas de investigación y procedimientos participó la Policía Federal Argentina, quien secuestró documentación, equipos informáticos y teléfonos celulares que serán analizados para probar los delitos denunciados.