Las estafas son la mayor forma de delincuencia basada en criptomonedas con más de u$s26.000 millones sustraídos a víctimas entre 2017 y 2021 en todo el mundo. Pero en lo que va de 2022, los estafadores ya han recaudado más de u$s3.500 millones.

En cuanto a la Argentina, en 2022 las estafas con criptomonedas alcanzaron los u$s11,8 millones, un 87% menos que en 2021 cuando registraba un total de u$s92,7 millones.

“En Argentina el principal problema son las estafas, especialmente los esquemas ponzi y las de tipo piramidal. Estas estafas se aprovechan de un mercado no regulado y se benefician de los exchanges de criptomonedas más pequeños o nuevos que no utilizan los controles ALD adecuados en el blockchain. Ven a estas nuevas empresas como objetivos principales para blanquear dinero”, explica Dan Cartolin, Ejecutivo de Cuentas para Norte y Latinoamérica en Chainalysis,

En Brasil, las estafas con criptomonedas en 2022 alcanzaron los USD 7,3 millones, un 22% menos que en 2021 cuando se registraron 30,1 millones.

La tendencia a la baja se repite también en toda la región:

“Una mayor adopción de criptomonedas también implica un aumento en la delincuencia relacionada con ellas. Si bien el crecimiento del uso legítimo de este tipo de activos supera ampliamente el uso ilícito, su crecimiento en general conduce a grandes aumentos en el valor bruto en dólares de las transacciones ilícitas usando criptoactivos. El mover miles de millones de dólares hacia una nueva clase de activos atrae a delincuentes, estafadores y actores malintencionados”, detalló Cartolin.

En 2022 los ingresos totales por ransomware cayeron a su nivel más bajo en tres años. Aunque los atacantes hayan recibido al menos 456.8 millones de dólares, esto representa una enorme caída del 40.3% en comparación con sus ganancias de ransomware en 2021, que ascendieron a 765.6 millones de dólares.

La caída en los pagos no significa necesariamente que haya habido una disminución en los ataques. "La evidencia sugiere que la disminución de los ingresos de los atacantes se debe a la creciente falta de voluntad de las víctimas para pagar sus demandas de rescate en lugar de una caída en el número real de ataques. Esta reticencia puede atribuirse a varios factores, desde una mayor utilización de soluciones como copias de seguridad y recuperación que mitigan el impacto de los ataques, hasta el temor a incumplir las normativas gubernamentales que prohíben el pago de rescates a organizaciones potencialmente afiliadas a naciones y grupos sancionados", afirma Kim Grauer, Director de Investigación de Chainalysis.

Existe la idea errónea de que la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas es competencia exclusiva de los grandes organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley o de las unidades de ciberdelincuencia de élite. Si bien esto puede ser cierto en casos con implicaciones para la seguridad nacional, como el ataque de ransomware (secuestro de datos) a Colonial Pipeline en Estados Unidos o como advirtió la ONU hace unos meses, cuando grupos del crimen organizado utilizan criptomonedas para lavar dinero -como podría ocurrir en México o Argentina- esa perspectiva pasa por alto un hecho importante: los delitos basados en criptoactivos afectan a comunidades grandes y pequeñas de todo el mundo, y las agencias locales pueden tomar medidas inmediatas con las herramientas y la formación adecuadas.