Hoteles de lujo de la zona de Puerto Madero y de la Avenida Alvear, en Recoleta; clínicas privadas; y estudios jurídicos fueron allanados en los últimos días en la causa que investiga el arribo al país de mujeres rusas embarazadas.
Según confirmaron fuentes policiales a NA, los operativos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y en diferentes localidades del conurbano bonaerense y fueron llevados a cabo por efectivos de División Asuntos Migratorios de la Policía Federal.
Esta vez fueron allanados hospitales públicos y privados donde se atendieron a estas ciudadanas, hoteles donde se alojaron, varios domicilios y un estudio jurídico que sería uno de los que se encarga de realizar los trámites para que los ciudadanos rusos consiguieran la Carta de Ciudadanía.
Tras los allanamientos, ordenados por la jueza María Romilda Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, los investigadores determinaron que una de las agencias que está en la mira hizo un pago por $6.000.000 a uno de los hoteles.
Las fuentes confirmaron que los hoteles allanados son el Park Hyatt y Alvear, y en uno de ellos se obtuvo documentación de pagos realizados por una de las agencias involucradas con el monto de $6.000.000. Además, se obtuvieron diversas facturas a nombre de una de las agencias bajo investigación y se descubrió que los depósitos se hicieron en efectivo a través de un cajero automático.
En la clínica de zona norte que fue allanada y en la que presta servicios una profesional especialista en obstetricia, la cual fue partícipe de gran cantidad de nacimientos de niños con madre de nacionalidad rusa, se procedió al secuestro de documentación relacionada a estas pacientes en formato digital y papel, como así también su teléfono celular.
Los operativo se realizaron con el objetivo de desenmascarar, entre otros puntos, la ruta del dinero cobrado por el servicio de las agencias de hacer llegar ciudadanas rusas embarazadas al país para tener a sus hijos y obtener la ciudadanía de todo el grupo familiar, siendo que los costos, ascienden hasta los u$s30.000.
Primeramente se había determinado que varias parejas rusas presentaron documentación apócrifa para conseguir las residencias permanentes y por tal motivo los extranjeros que aspiren a la residencia tienen que validar una certificación de domicilio donde deben manifestar la decisión de vivir en país y dónde lo harán. Ese trámite es imprescindible para el avance del otorgamiento de la residencia permanente que otorga la Dirección Nacional de Migraciones.
Al inicio del caso, se pudieron detectar que en unos 70 trámites se habían presentado constataciones de domicilios falsas, y la documentación se presentó con firmas y sellos apócrifos de funcionarios policiales. También se pudo saber, durante la investigación, que buena parte de los ciudadanos de nacionalidad rusa, casi el 80% que realizan su radicación permanente en el territorio nacional, emigran a otras latitudes y se pierde con ello la esencia de la permanencia en este país.
Hasta el momento, los investigadores lograron identificar a una mujer que es quien administra la agencia dedicada a estos trámites y ya fue imputada junto a su esposo. Ambos son de nacionalidad rusa, y quedaron imputados en la causa, junto a la gestora que era quien se encargaba de presentar la documentación de las ciudadanas de nacionalidad rusa ante Migraciones.
Esa agencia, contaron las fuentes, ofrece tres tipos de servicios que tienen precios de u$s3.500, u$s7.500 y u$s15.000 para la gestión de los nacimientos, tanto como lugares de alojamiento, y gestión ante las diferentes clínicas para poder dar a luz.
Se indicó además que esa agencia no es la única que ofrece el asesoramiento a los ciudadanos rusos que vienen al país, sino que los investigadores continúan trabajando detrás de otras agencias de similares características. También se comentó que se continúa tras la pista de las traductoras que asistían a estas ciudadanas rusas, en los diferentes centros de salud bajo investigación y que habrían sido contratadas por las agencias.
Y otra faceta más del negocio de la llegada de ciudadanos desde Rusia es la participación de estudios jurídicos, los cuales se encargan de presentar los formularios para solicitar la Carta de Ciudadanía ante la justicia en lo Civil y Comercial Federal, siendo que para las mismas no se requiere la participación de un profesional para su tramitación y es gratuita.
Los investigadores encontraron durante los allanamientos convenios de honorarios entre los ciudadanos rusos y los abogados por cifras que van entre los u$s3.000 y los u$s5.000.
La causa comenzó a investigarse en diciembre pasado cuando se denunció la existencia de agencias que fomentaban el ingreso de mujeres de nacionalidad rusas embarazadas al país, para que den a luz y luego conseguirles la documentación necesaria para llegar a obtener el pasaporte argentino.
Ello se debe a que el documento expedido por el Estado es buscado por los ciudadanos rusos, especialmente desde el inicio de la guerra, ya que permite ingresar sin visa a muchos más países, especialmente a los del bloque Europeo y a Estados Unidos.
