La Tercera Sala del máximo tribunal se pronunció en la tarde de este viernes sobre los recursos de aclaración que presentó la Superintendencia de Salud y cinco isapres en relación a los términos de aplicación del fallo por tabla de factores de los planes de salud.

"La Corte Suprema ha resuelto todos los recursos de aclaración que han sido presentados en los respectivos procesos y los ha rechazado", indicó la sala. 

A continuación, la instancia puntualizó que "en consecuencia, se mantienen los fallos en los términos en que fueron pronunciados, para los casos en que se dictaron".  Al respecto, desde la Tercera Sala añadieron que "esos fallos van a quedar a disposición en los próximos minutos".

Consultados al respecto, señalaron que el rechazo significa que "no hay nada que aclarar".

En horas de hoy, la isapre Colmena interpuso un recurso de aclaración ante la Corte Suprema que busca despejar los lineamientos del fallo de la Tercera Sala por tabla de factores aplicados en los contratos de salud del sistema.

De esta manera, la aseguradora controlada por el grupo Bethia se sumó al primer grupo de isapres -integrado por Nueva Masvida, Banmédica y Vida Tres-, que realizaron la misma acción este lunes, seguida al día siguiente por Cruz Blanca. Esto, en paralelo a la acción en la misma línea que realizó la Superintendencia de Salud.

Así, concretaron una de las decisiones más esperadas a nivel de la industria a más de seis meses del dictamen del máximo tribunal que estableció la obligación de aplicar una única tabla de factores –vigente desde abril de 2020– junto con determinar la devolución de los recursos captados por encima de ese parámetro y un ajuste permanente en los ingresos futuros.

La determinación de estas cinco aseguradoras privadas de salud tiene lugar en el escenario creado por las declaraciones de la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que en relación al ámbito de aplicación del fallo por tabla de factores de las isapres señaló el domingo pasado en una entrevista que las devoluciones solo se aplicarían a los afiliados que demandaron a su aseguradora de salud, creando una fuerte polémica a nivel de los tres poderes del Estado.