El periodista económico Roberto Cachanosky criticó este viernes desde su cuenta de Twitter la ley de procedimiento fiscal y propuso impulsar una nueva norma en defensa del contribuyente para que los gobiernos de turno no puedan utilizar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como un órgano de persecución contra grupos empresarios que no estén alineados a sus políticas.

“No puede ser que el contribuyente sea siempre culpable hasta que demuestre que es inocente. Caso contrario, los gobiernos pueden usar al ente recaudador como una suerte de KGB”, escribió el editor del Informe Económico Semanal.

Cachanosky también elevó una propuesta: “Viendo que la ley de procedimiento fiscal autoriza al estado a fusilarte al amanecer en la plaza mayor y sin juicio previo, habría que impulsar una ley de defensa del contribuyente”.

La alusión a la debilidad del contribuyente frente al ente recaudador rememora el papel de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri, conducida por Alberto Abad, que se encargó de montar una serie de falsas acusaciones para inducir a la Justicia a que avanzara contra el Grupo Indalo y sus accionistas Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Tal como quedó probado en el juicio de Oil Combustibles, el organismo recaudador se encargó mediante un grupo de tareas ad hoc de generar una serie de documentos para atacar el grupo empresario mediante un entramado político, mediático y judicial.

En marzo de 2022, la jueza María Servini corroboró la existencia de una organización –que incluía a altos funcionarios públicos- que actuaban según intereses políticos de la Casa Rosada en pos de alcanzar determinados objetivos.

En este caso, llevar adelante un proyecto no solo para reestructurar financieramente al holding, en pleno asedio de la AFIP y con la amenaza de encarcelar a sus propietarios, sino con el objetivo final de hacerse con el 70% de las acciones a favor del empresario mendocino Orlando “Orly” Terranova y de su abogado, según quedó expuesto en varios documentos y correos electrónicos.

Pero los cruces de llamadas, los testimonios, la ubicación de las celdas telefónicas y la cronología de los hechos apuntaron también a iluminar el rol que tuvieron el exjefe de asesores José Torello y el exvicejefe de Gabinete Mario Quintana, una suerte de enlace con Terranova para esta operación.

El contador público Jorge Schiaffini fue otra de las piezas clave en la persecución que tuvo lugar contra Oil Combustibles y el Grupo Indalo. Era Jefe Interino del Departamento de Investigación de la Dirección de Fiscalización de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP y avaló algunos de los documentos principales que terminaron por dar forma a la falsa acusación.

Durante las audiencias judiciales, sin embargo, adujo desconocimiento o falta de memoria a la hora de tener que otorgar precisiones sobre los motivos que desencadenaron la investigación impositiva y los mecanismos para llevarla a cabo. Y admitió la creación de un Comité de Control creado específicamente para seguir de cerca las alternativas del proceso referido a Oil.

En octubre de 2015, luego de la primera vuelta electoral que lo había perfilado como ganador para las elecciones generales, Mauricio Macri le pidió a Cristóbal López el canal C5N “para meter presa a Cristina”, tal como declaró el propio empresario ante la jueza Servini. La negativa de López derivó en que apenas asumido como presidente, Macri le declarara la guerra al Grupo Indalo.

El primer paso fue la designación de Alberto Abad al frente de la AFIP, quien luego fue designando uno a uno a los integrantes del equipo que iría firmando las resoluciones para acorralar a Oil Combustibles y construir con mentiras la acusación contra la empresa insignia del Grupo Indalo.

Pero claro, llegado el juicio, la totalidad de los testigos que pertenecían a la AFIP, destruyeron la hipótesis delictiva planteada por dicho organismo, y dejaron instalado el proceso irregular y de persecución que comandó en persona Alberto Abad.