Comienza hoy la séptima semana de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para lograr un nuevo acuerdo para relanzar el Facilidades Extendidas, por ahora suspendido desde la segunda quincena de abril. Se trata de los últimos cinco días de discusiones libres, antes de los días previos a la necesidad de liquidar un vencimiento por unos u$s2.300 millones; dinero que el país no tiene en sus reservas, y que, en consecuencia, no podría pagar. Así, entraría en default, salvo que ocurran dos cosas: la primera, que se llegue a un acuerdo antes del 22 de junio, día del vencimiento, y se apliquen las nuevas condiciones del Facilidades Extendidas; la segunda, que Argentina ejecute un pago simbólico que sea tomado como gesto de buena voluntad por parte del organismo, y que se extiendan las negociaciones por unas semanas más.
Sin embargo, en este caso, el país igualmente entrará en incumplimiento, aunque selectivo. Una figura casi única para los estándares del FMI. Habría una tercera opción: que se caigan las negociaciones actuales, que todo vuelva a las discusiones clásicas del Facilidades Extendidas vigente, que el país no cumpla con las metas pactadas (al menos eso ocurrirá en el caso de las reservas), que el FMI dictamine oficialmente que las metas se medirán anualmente y no por trimestre, que se apliquen las normas de liquidaciones cada tres meses, que libere entonces los u$s4.300 millones comprometidos, que Argentina pague y que se abra un nuevo período de discusiones por otros tres meses; etapa que culminaría en septiembre de 2023. Esta tercera opción no es la que se negocia en estos tiempos, pero todas las alternativas se abrirán en las jornadas de la séptima semana de cruces. Será fácil saber si un acuerdo está cerca o lejos de una fumata técnica: si Sergio Massa anuncia su viaje a Washington para el 14 o el 15 de junio, el apretón de manos estaría más cercano.
La novedad inaugurada en la semana anterior fue la presencia al frente de las conversaciones, aún vía Zoom, entre el Palacio de Hacienda y la sede del organismo de Sergio Massa y Rodrigo Valdés. El ministro de Economía argentino y el director gerente para el Hemisferio Occidental del FMI saben que se deben acelerar los tiempos, y que es el momento de tomar decisiones políticas tanto desde Buenos Aires como desde Washington. El argentino sabe más que nadie del reloj que se parará el 22 de junio con un eventual default. Por el lado del organismo, se sabe que, si esto ocurre, el problema sería terminal; pero tanto para el país como para el propio FMI. En el caso de Valdés, sería además una doble mancha; ya que no sólo implicaría no haber cerrado una renegociación con el principal acreedor del organismo, sino que sería un pésimo debut para un funcionario que asumió en su cargo el 1 de mayo pasado, y tomó la solución del caso argentino como una cruzada casi personal de carta de presentación para su gestión.
El reloj corre. Desde el comienzo del caso, ya se cerraron cuatro revisiones, todas exitosas en cuanto a las metas de reservas, déficit fiscal y emisión monetaria, lo que llevó a la aprobación general de 2022. Ahora corresponde la primera fiscalización de 2023, correspondiente al período enero-marzo de este año, la que debería llevar a las partes a resolver la aprobación (o no) del desembolso de unos u$s4.300 millones para cumplir con el pago pactado para el 22 de junio. Esta es la letra firmada el 25 de marzo del año pasado en Washington. Sin embargo, las partes saben que Argentina no cumplió la meta de reservas. Los negociadores discuten la nueva pauta de reservas, mientras que las de un déficit de 1,9% para todo el año y una emisión monetaria de 0,6% del PBI están en observación.
