El régimen industrial de Tierra del Fuego siempre se pone en el centro del debate, sobre todo en años electorales donde se presentan distintos modelos de desarrollo. Por fuera de posturas extremas, como las que plantean eliminarlo, el think tank Fundar elaboró una investigación con un diagnóstico del régimen, resultados y propuestas.

En tres documentos, plantea un plan de reformulación de los incentivos, que permitiría un ahorro de casi u$s 6.000 millones en una década, y al mismo tiempo presenta alternativas de sectores productivos competitivos para hacer viable una provincia con la importancia geopolítica que tiene Tierra del Fuego.

La investigación se titula “Hacia una transformación productiva posible en Tierra del Fuego”, dirigida por Juan Carlos Hallak, investigador de la UBA y el CONICET, y, por el lado de Fundar, por Tomás Bril Mascarenhas, del área de política productiva.

El documento plantea que el régimen de Tierra del Fuego, que en 2022 cumplió 50 años, superó con creces uno de sus objetivos, que fue poblar la isla: la población se multiplicó por 14 y pasó de 13.500 en 1970 a 190.000 habitantes en 2022.

Mediante la ley 19.640 de 1972, el régimen industrial fomentó la radicación de nuevos establecimientos productivos. Actualmente, las industrias promovidas emplean a unas 11 mil personas, el 30% del total de los asalariados registrados del sector privado de Tierra del Fuego, y representan casi el 30% del valor agregado bruto.

La electrónica es el mayor empleador, con unos 8500 puestos de trabajo, compuesto por unas 20 empresas. Según Fundar, se trata de empresas de servicios de manufactura electrónica, que realizan, bajo contrato con fabricantes de productos originales, el montaje de circuitos impresos, el ensamblado y la prueba final, de marcas globales como Samsung, Motorola o LG.

Según el centro de estudios, la agregación de valor es heterogénea entre los distintos productos: "Mientras que en la producción de teléfonos celulares las placas electrónicas son importadas, su fabricación en las líneas de televisores, acondicionadores de aire e infotainment implican agregación relevante de valor local”.

Para Fundar existen cuestiones que llevan a proponer una reformulación del régimen: asegura que tiene un costo fiscal de u$s1.070 millones anuales (el 0,22% del PBI). Si bien está muy por debajo de lo que difunde el Ministerio de Economía en el gasto tributario, para el centro de estudios es el doble que el presupuesto del Conicet, y constituye una “renuncia fiscal significativa en un país que debe armonizar la atención de necesidades”. Además, por cómo está diseñado, el no pago de IVA y aranceles por parte de los insumos importados “terminan premiando la facturación”, por lo que “premia el agregado de valor realizado en el exterior” y no tiene mecanismos de incentivos para “la innovación y el agregado de valor local”.

Por este motivo, en un documento de 47 páginas, Fundar plantea la reformulación del régimen industrial, que sería de manera gradual, en un plazo de 11 años. Incluiría la reducción de los beneficios económicos, para finalizar la década con el pago de IVA y de aranceles. La simulación establece que podría generarse un ahorro fiscal de u$s5.900 millones en el período.

En un tercer documento, Fundar plantea la viabilidad de una transformación productiva para Tierra del Fuego, que podría incluir desarrollar sectores como turismo, economía del conocimiento, petroquímica, infraestructura portuaria y un polo logístico, académico y científico, además de otros complejos como pesqueros y acuícolas. Para eso, estima que el Estado debería invertir unos u$s2.000 millones en la década, “algo menos del 40% del ahorro fiscal”, lo que llevaría a que haya un “impacto neutro” en el empleo.

Finalmente, también hay una simulación con los impactos esperados en el empleo, por lo que se propone un programa de protección social y reconversión laboral, que tendría un costo estatal de entre u$s300 y 500 millones en la década. El trabajo aclara que no se trata de un paquete “cerrado” de soluciones, sino de “mostrar alternativas”. Concluye que la solución para que la población de Tierra del Fuego no se encuentre permanentemente cuestionada públicamente es que la política se encargue, a través de “dirimir intereses en pugna”, y mediante la institucionalidad de establecer leyes en el Congreso.