Esta madrugada y en medio de desacuerdos y polémicas, se aprobó la reforma parcial la Constitución de Jujuy. Sin embargo, el rechazo a esta medida crece cada vez más y gremios asociados a la CGT y a la CTA anunciaron un paro general para protestar en contra de este cambio legislativo.
A su vez, desde el Ministerio de Trabajo advirtieron que dos de los nuevos artículos sancionados podrían declararse "inconstitucionales" por restringir la protesta social, según adelantó hoy la titular de la cartera, Kelly Olmos.
"El Ministerio emitió un documento para que el Gobierno de Jujuy revise la legislación sobre derechos laborales institucionales, que buscan llevar al nivel penal lo que son derechos laborales absolutamente institucionalizados en la Argentina", declaró Olmos en diálogo con radio Provincia.
En este sentido, remarcó: "Di la directiva para presentar la inconstitucionalidad de los artículos de esta reforma de la Constitución".
"El derecho a la protesta y de huelga son derechos laborales instituidos por nuestra Constitución y también está la adopción de acuerdos internacionales que tienen jerarquía constitucional", explicó la Ministra.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) rechazaron la sanción de la reforma parcial por considerarla "antidemocrática y autoritaria" y convocaron al paro que está vigente hoy en Jujuy.
En el comunicado, firmado por la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, y el secretario general adjunto de la CTA, Roberto Baradel, también advirtieron que la reforma "viola derechos humanos, sociales y sindicales".
La reforma constitucional en Jujuy tuvo un rápido tratamiento en la Convención Constituyente. Sólo llevó dos sesiones ordinarias donde se presentaron ocho renuncias de quienes debían trabajar en las modificaciones de la Carta Magna. Seis de ellos fueron del Frente de Izquierda Unidad y dos del Frente Justicialista, ya que estaban en desacuerdo con el texto.
Con el voto de los 29 representantes oficialistas se ratificó la "prohibición de cortes de ruta" como método de protesta, en un artículo que también impide la ocupación de edificios públicos, en el marco de reclamos sociales y gremiales.
Entre los principales puntos aprobados de la reforma constitucional figuran la imposición de nuevos órganos y reglas en la administración de justicia y modificaciones al Régimen Electoral y el Régimen Municipal.
El Gobierno provincial aspira ahora a concretar la jura a la nueva Constitución, en una ceremonia prevista para el próximo martes a las 18 en el teatro Mitre, ubicado en pleno centro de la capital jujeña.
Ayer por la noche se desarrolló el debate en la Convención donde finalmente se aprobó la reforma constitucional y las calles de San Salvador de Jujuy quedaron colmadas por una multitudinaria marcha de antorchas liderada por gremios docentes. Hace dos semanas empezaron un paro indeterminado bajo la consigna: "Arriba los salarios, abajo la reforma". Además, presentaron una denuncia penal contra el gobernador Gerardo Morales.
Esta mañana, grupos de manifestantes llegaron muy temprano a la capital provincial desde diversos puntos de Jujuy para movilizarse hasta la sede gubernamental, que amaneció custodiada por fuerzas de seguridad local.
Sebastián López, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), declaró su expectativa en que "el gobernador dé marcha atrás con lo aprobado de espaldas al pueblo" y consideró que Jujuy perdió una "oportunidad histórica de tener una Constitución que amplíe derechos".
El Frente de Organizaciones en Lucha en Jujuy (FOL) también rechazó la reforma al considerarla "absolutamente antidemocrática" en un comunicado.
"Lo único que busca Gerardo Morales es imponer a la fuerza un ajuste exclusivamente al servicio de los poderosos, de las corporaciones extractivistas para el saqueo del litio, la quita de tierras a los pueblos originarios, el uso privado de los recursos naturales y, por supuesto, garantizar también el ajuste en consonancia completa con las recetas del FMI", expresó FOL.
