Guayaquil y Quito tienen sobre sus calles un problema recurrente, que es evidente y se agudiza bajo la mirada e inacción de sus autoridades. La incidencia de baches, debido a la mala calidad del asfalto, sigue aún sin resolverse con funcionarios que evaden responsabilidades, que se tiran la ‘pelota’ a la hora de controlar su calidad y su empleo. Inoperancias que finalmente terminan en un mal servicio que, por años, han debido soportar los ciudadanos.

La prensa, y particularmente este Diario, llevan meses evidenciando este mal, que además de afear a las ciudades, son un riesgo latente de accidentes y de daños para los vehículos. Se han quejado los habitantes y hasta los propios alcaldes, pero los funcionarios competentes, incluyendo los de la Refinería de Esmeraldas, actual proveedora de este material, hacen oídos sordos, y desde el Gobierno central esto se permite bajo aparente complicidad.

Es un mal que afecta a todos, pero nadie reacciona, nadie sale a asumir responsabilidades ni a corregir nada. El asfalto ‘camina’ sobre un silencio sospechoso y eso empieza a preocupar, porque hasta podría llevarnos a elucubrar sobre la existencia de una colusión entre contratistas y productores. Es como si se hiciera expresamente un tipo de asfalto que haga necesario que siempre se esté bacheando.