El ministro de Hacienda, Mario Marcel, insistió este lunes en sus declaraciones respecto a que hubo falta de financiamiento para una parte de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en 2022, aprobada al finalizar el gobierno anterior y que la actual administración tuvo que hacerse cargo vía reasignaciones y uso de espacio fiscal.  

Marcel explicó que “la implementación de la creación de PGU y aumento de beneficiarios y su valor, todos tuvieron que ser implementados por el actual gobierno, el del Presidente Boric, que tuvieron un costo fiscal neto cercano a los US$ 2 mil millones durante 2022 y eso fue financiado en la práctica mediante reasignaciones y algunos ingresos adicionales, como de la Operación Renta de 2022”.

Agregó que el 2022 “no había financiamiento tributario adicional, el cual comenzaba desde 2023, y que desde ese año se financiaba 2/3 del total. Por eso cuando se presentó el Presupuesto 2023, aproximadamente la mitad del espacio disponible para el mayor gasto fue para financiar la PGU en 2023”.

Tras participar en una actividad sobre hidrógeno verde, la autoridad precisó que “eso es lo que nos ha tocado hacer, no nos quejamos, no es la imputación frente a alguien, sino que esto nos ayuda a entender la magnitud del esfuerzo fiscal de 2022 y 2023”.

También, aclaró que sus palabras respecto a la necesidad de avanzar en un pacto tributario que mejore derechos sociales y que en ningún caso está anticipando un nuevo estallido si no hay acuerdo.

“Difícilmente me podría poner yo a la cabeza de una movilización social o algo por el estilo. Esto es algo de sentido común, si nosotros tuvimos una movilización que incluyó la desprotección de adultos mayores, después de haber vivido esa experiencia, pensar que a tres años terminamos sin cambios sociales y sin financiamiento para implementarlos es un riesgo muy grande para el país”.

El tema fue abordado en el comité político ampliado realizado hoy en La Moneda, donde el oficialismo salió a respaldar los dichos del ministro de Hacienda y solicitó a la oposición “hacerse cargo” de las necesidades que enfrenta el país.

El presidente de Revolución Democrática (RD), senador Juan Ignacio Latorre, indicó que “el ministro Marcel no ha dicho ninguna mentira, todo el mundo entiende su seriedad y credibilidad” y recordó que este tema en su momento fue planteado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, indicó que "el Consejo Fiscal Autónomo planteó sus dudas respecto de la proyección de tener esos recursos en el largo plazo. La proyección se hizo solo en el mediano plazo. Entonces, necesitamos un pacto fiscal para la justicia tributaria, para un mejor pacto de convivencia, sí, pero lo necesitamos para que aquellas personas que están recibiendo su PGU lleguen a los $250 mil”.

Las palabras del ministro tuvieron consecuencias, ya que Evópoli suspendió la reunión que tenía agendada para la tarde de este lunes por el pacto fiscal. El senador Luciano Cruz-Coke calificó de “imprudente” la declaración de Marcel y aseveró que “señalar que PGU no estaría financiada, no sólo atenta contra el principio de buena fe, sino que agravia al Congreso”.

A su turno, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara -que este lunes ejerció la vocería de Gobierno en reemplazo de Camila Vallejo- planteó que “es muy lamentable que se suspenda un diálogo que es necesario para el país, porque el pacto fiscal, así como la reforma previsional, no son para un determinado Gobierno, son para mejorar la vida de los ciudadanos”.

E instó a que “no se use esto como argumento para negarse a un debate de fondo del cual ya se rechazó por parte de la misma oposición la idea de legislar” del primer intento de reforma tributaria en marzo.

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