El juez federal de Campana Adrián González Charvay denegó el acceso a un legajo reservado de inteligencia financiera arribado desde los Estados Unidos, en el marco de la causa NGR, que fue informado por Ámbito por sobrefacturación de importaciones. La decisión fue adoptada por el magistrado en un incidente paralelo al expediente en el que fueron procesados los integrantes de la sociedad y los despachantes de aduana, a partir de una denuncia penal que formuló la DGA, por haber montado un sistema por el cual importaban maquinaria pesada para un emprendimiento de arenas silíceas en Vaca Muerta pero que en realidad escondía una sobrefacturación del material comprado a un proveedor relacionado, y la posterior triangulación de los dólares excedentes a tipo de cambio oficial del BCRA para ser liquidados luego al valor MEP, vía agentes de Bolsa.

La información para arribar a los procesamientos y tener por acreditada la maniobra, fue recibida por la Unidad de Información Financiera a partir del convenio de intecambio de información tributaria provista por los Estados Unidos, luego de establecer que los beneficiarios finales de las compañías involucradas contaban con cuentas bancarias por donde había circulado el dinero de la operación que había retornado al país bajo ese formato para obtener ganancias de la brecha cambiaria.

En el primer precedente de estas características, González Charvay -que había dotado de carácter “reservado” a un legajo que recibió de la UIF- insistió en el rechazo de la pretensión de las defensas de Oscar Guercio y Damián Strier (ambos ligados a NRG) para ser vinculados a ese anexo reservado. Ya habían intentado tener acceso a la información arribada desde el exterior y el juez había denegado esa pretensión. Apelaron y la Cámara Federal de San Martín consideró que la decisión del juez no estaba fundada. Sin embargo, González Charvay, ante un nuevo pedido de acceso de los imputados, consideró que no había que hacer lugar dado que se priorizaba el resguardo de la información ante la responsabilidad que podía caberle al Estado Nacional ante el “incumplimiento de los compromisos de confidencialidad asumidos en las relaciones internacionales generadas a partir de la pertenencia de nuestro país al GAFI y al Grupo Egmont”, se indicó en la resolución de 14 carillas. Es un precedente de relevancia en atención a los incipientes nexos de intercambio que no eran frecuentes con los Estados Unidos y que se reactivaron hace muy poco tiempo con la firma de nuevos convenios y la puesta en marcha de otros que ya estaban vigentes pero en desuso. En la cooperación internacional suele primar la desconfianza y cada paquete de datos que se comparten sirven como un test de fiabilidad para con el país receptor, cuyo celo en el resguardo suele habilitar ampliaciones futuras de la información compartida.

Pero González Charvay agregó un dato fundamental para justificar su negativa: que el informe recibido desde el exterior por la UIF no integró la “plataforma fáctica” que se utilizó para tomarles declaración indagatoria a los imputados, ni tampoco integró las pruebas de cargo (fueron corroboradas por vía independiente a partir de allanamientos en las sociedades de Bolsa donde se halló documentación respaldatoria), “como así tampoco fue ponderado su contenido en oportunidad de resolver las situaciones procesales”, por lo que no se consideraba que dicho acceso fuese de interés para las partes, en una medida con mayor contenido simbólico por ratificar la posición de la justicia argentina para intensificar este tipo de intercambios.