Ríos de tintas se han escrito sobre la inflación, particularmente en nuestro país, donde venimos conviviendo con este problema por décadas y generaciones, sin poder dar solución a las familias argentinas que la padecen en toda escala social, pero con mayor gravedad en los sectores más vulnerables. Claro está que se trata de un fenómeno de alta complejidad, analizado desde distintas ópticas, que requiere ser tomado en todas sus aristas; por esto mismo, resulta imprescindible aportar miradas integrales, sobre todo respecto de lo que no se habla.
En este sentido, el vínculo entre impuestos e inflación no suele estar en boca de la mayoría de los dirigentes políticos, quizás porque se piensa erradamente que una reducción impositiva deriva directamente en una caída de la recaudación, que sostiene todo el enorme y, muchas veces, injustificado andamiaje político-institucional. Sin embargo, intentar bajar la inflación sin resolver el descalabro fiscal que sufre la Argentina es contradictorio, por no decir imposible.
Cuando hablamos de “lo fiscal”, justamente nos referimos al ámbito de tres patas compuesto por el gasto público, los impuestos y la inflación: tres elementos que no se pueden analizar uno sin el otro. Más precisamente, tenemos impuestos asfixiantes para sostener un gasto público irracional e ineficiente, tan excesivo que ni la cuarta inflación más alta del mundo es suficiente.
Que quede claro: el exceso de gasto público se paga en la góndola. Esto sucede porque Argentina es el país con los impuestos más altos del mundo, como exhiben distintos estudios nacionales e internacionales la carga fiscal en el sector formal (o “en blanco”) de la economía.
El ranking “Doing Business” del Banco Mundial (en vías de ser reeditado) habla a las claras de esta problemática, y particularmente de la incapacidad del sector político para resolverla: desde 2006 Argentina supera el 100% en el índice de carga fiscal total. ¿Qué significa esto? Que en la PyME puesta como caso testigo por dicha entidad las utilidades no alcanzan a pagar el total de los impuestos, comprometiendo su capital, es decir, sus recursos destinados a producir, para seguir subsistiendo. Estudios realizados por economistas y tributaristas de la Unión Industrial Argentina llegan a similar conclusión por otras dos vías bien distintas.
Estamos hablando entonces que si en Argentina se aplicaran márgenes de venta normales (20%) las pequeñas y medianas empresas, titulares del 80% de los puestos de trabajo nacionales, tendrían que pagarle al Estado incluso más de lo que generan y ganan. Lamentablemente, la única salida a este laberinto es subir aquel margen del 20% hasta límites mayúsculos para poder sostener la actividad productiva y la muy pesada carga fiscal.
Así, se han aumentado los precios de venta por la presión impositiva. En el caso de los alimentos, veremos que el precio final contiene un 42% de impuestos cargados a lo largo de la cadena productiva: cifra que asciende a 48% si nos referimos a bebidas, 50,3% en la ropa o 66% en el rubro de celulares. Para decirlo con mayor claridad, cuando compramos agua, leche o un café, le estamos comprando prácticamente otra unidad igual al Estado, y lo mismo sucede si hablamos de una camisa o una prenda de vestir; incluso, si tomamos el caso de la compra de un celular, le estaríamos comprando dos más el Estado.
Lo más preocupante es que estamos hablando de bienes esenciales, del consumo real y aspiracional de las familias de cualquier condición social y que está impactada por impuestos sumamente distorsivos. A pocos les cabe la duda que la inflación golpea a los más necesitados y empuja a la clase media hacia la marginalidad. Llegado a este punto nos preguntamos en qué se convirtió nuestro sistema fiscal cuando vemos que millones de argentinos que están bajo la línea de pobreza (casi el 40% de la población) cada vez que les cuesta comprar un artículo para sí mismos le están comprando otro similar para el Estado.
Muchas veces a este debate se lo quiere nublar con falsos paradigmas ideológicos, pero el mundo ya zanjó esta cuestión. No es un tema de orientación política. Y en ese mismo ranking del Banco Mundial que nos convierte en campeones mundiales de la carga impositiva, con un indicador de más del 100%, vemos como Chile y Paraguay (con gobiernos de tendencia bien distinta) están en algo menos que el 40%, China (comunista) está en 59% y Venezuela (populista) 73%. Otra vez, el dato mata el relato.
Ante este panorama crítico, la buena noticia es que estamos ante una gran oportunidad y que depende de nosotros, de todos los argentinos, de la conciencia que podamos tomar sobre cómo nos afecta en cada día este problema. Hay casos sumamente exitosos a nivel global, como el de Irlanda, que en 1998 implementó una política de reducción de impuestos (por ejemplo, las sociedades pagan 12,5% de impuesto a las ganancias) que trajo una suba de la recaudación a partir del incremento de la formalidad en la economía y de la atracción de empresas y negocios a dicho país. En 1997 el PBI per capita era de U$S22.000. Hoy es más de 4 veces superior.
Si dimensionamos el movimiento que genera la informalidad en Argentina, podremos darnos cuenta que el camino de la baja impositiva podría generar ingresos más eficientes para la esfera pública con actividad en blanco, más justa para todos. Pero esto solo sucederá si es la gente comprende cómo este sistema fiscal la está perjudicando en su vida laboral, familiar y personal y decide en consecuencia.
Para esto estamos trabajando desde Lógica, una entidad suprapartidaria, con el objetivo de promover un cambio de conciencia en cada ciudadano, en el convencimiento de querer superar la crisis crónica y la espiral inflacionaria a través de un compromiso masivo que apunte a tener impuestos más razonables, que se puedan pagar y que permitan impulsar la economía, el trabajo y la producción. Argentina tiene una oportunidad que no puede dejar pasar para crecer con todo su potencial y salir del triste primer puesto entre los países más gravosos del mundo.
Presidente de Lógica
