"La Ley Micaela es capacitación. Parece algo lejano de poder salvar una vida, pero nosotros estamos convencidos de que hubo al menos tres instancias en el proceso previo de lo que le sucedió a nuestra hija que podrían haber evitado la muerte de Micaela". Ese fue el testimonio de Néstor García, padre de Micaela, en la Cámara de Diputados de la Nación el 6 de mayo del 2020, meses después de que se concrete su aplicación. La ley extendió la formación en perspectiva de género a otros espacios por fuera del Estado, como clubes y cárceles.
La ley lleva el nombre de Micaela García, una militante del movimiento “Ni Una Menos” que fue asesinada a los 21 años, el 1° de abril del 2017 en la localidad entrerriana de Gualeguay. El femicidio fue ejecutado por un hombre que transitaba una libertad condicional, mientras aún transitaba una condena de nueve años por violación de dos mujeres. A partir de allí un equipo de abogadas, con el acompañamiento de la familia de la víctima y de organizaciones feministas, terminaron de delinear los alcances del proyecto que comenzó su debate en Diputados el 18 de diciembre del 2018 y obtuvo sanción completa un día después, en el Senado. Hubo unanimidad casi plena en ambas Cámaras, salvo por un voto: el diputado salteño Alfredo Olmedo.
La Ley N° 27.499 de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres contempla la formación de todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De esta forma, los espacios pedagógicos se dispusieron para que los trabajadores estatales puedan intervenir adecuadamente en contextos de violencia o desigualdad de género. Las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirieron a la ley y dispusieron de organismos de aplicación propios.
Promulgada en enero del 2019, tuvo un punto de partida práctico a partir de una escena simbólica: el 10 de febrero del 2020, Alberto Fernández y su gabinete fueron capacitados por Elizabeth Gómez Alcorta -en ese momento, ministra nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad- y Dora Barrancos, renombrada académica feminista. “Fue una escena fundante. Nos permitió a nivel nacional trabajar mancomunadamente con cada ministerio. A partir de ahí fuimos generando espacios de sensibilización con las autoridades de cada ministerio”, sostuvo para Ámbito Victoria Obregón, directora nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
La titular del organismo encargado de las capacitaciones en las instituciones estatales de régimen nacional explicó que “establecimos diálogo desde el inicio de la creación del Ministerio con las provincias para trabajar en lo que hoy podemos llamamos Micaela Federal”. Posteriormente diagramaron, junto con los ministerios nacionales, un plan de trabajo que les implicó enfrentarse a la pregunta: ¿Cuántas horas te tenés que formar para cumplir con la Ley Micaela? “Se estableció que en por lo menos tres años cada ministerio tiene que lograr la formación de toda su dotación”, precisó. A partir de allí, a las acciones formativas las acompañaron con el desarrollo de materiales audiovisuales y folletería, e incluso con el diseño de metodologías intensivas o aplicadas a distintos espacios.
Las formaciones incluyen ejes sobre el marco normativo nacional e internacional; conceptos básicos sobre la identidad de género; las dimensiones de las violencias por motivos de género en un plano estructural; y las modalidades sugeridas para intervenir desde el Estado. Esto determina que las principales autoridades y sus equipos de trabajo no puedan argumentar desconocimiento con respecto a la transversalidad del género y la diversidad en todas sus decisiones, sino que más bien entiendan las implicancias de sus medidas y cuenten con nuevas herramientas para ejecutarlas.
Seguridad y justicia; trabajo y economía; educación y ciencia: no existe área que no esté atravesada directamente por la necesidad de la acción política para promover la igualdad y prevenir las violencias. Solo reiterando la pertinencia de esta perspectiva será posible continuar un proceso situado y permanente de formación, que a partir de una mirada que contempla el antipunitivismo -en tanto el objetivo es evitar la ejecución de los crímenes- alcance horizontes de transformación que tiendan a la equidad social y a la erradicación de los delitos vinculados a las cuestiones de género.
En cuanto a si hubo oposición a participar de los espacios formativos, Obregón explicó que “no hubo resistencias explícitas” sino que “en el primer tiempo quienes realizaban las formaciones eran quienes estaban convencidos de la importancia de la capacitación y de lo que pudiera aportar. Ahora quedaron por formarse quienes no creen que esto aporte o no están de acuerdo”. La estrategia pedagógica ante ellos fue variado, pero destacó que en determinados ministerios “se realizaron charlas con un efecto concreto, porque para nosotras hablar de la Ley Micaela es hablar de emociones, de conmovernos, de poder sentir por qué necesitamos que esta perspectiva sea parte de nuestra vida, más allá de lo laboral. Ocurre siempre que las formaciones te tocan una fibra íntima”.
“Hay gente que empieza las capacitaciones como diciendo ‘lo hago, porque tengo que hacerlo y es obligatorio’ y después terminan agradeciendo la propuesta”, resaltó la directora y comentó que las formaciones “se encuadran en el marco de una pedagogía de educación popular y transfeminista que no van a salir señalar a quien es distinto sino que se invita a pensar. Eso ha logrado que las resistencias no estén en una clave de extrema oposición. Está habilitado el espacio para decir por qué no quisieran participar de la capacitación y, cuando se acercan a la propuesta, se dan cuenta de que les sumó más allá del ámbito laboral”, detalló.
En ese sentido, la funcionaria definió que a “las capacitaciones de la Ley Micaela como una llave”, en donde se abre la “posibilidad de decir algo de otro modo y con otro tono, que invita y no señala. Allí hay una clave transformadora, que te inviten a que te escuchen”. “La ley desbordó su obligación legal y se fue a territorios donde el Estado no tenía por qué aplicar la política en ese sentido si no era invitado. Pero los clubes deportivos te piden que vayas con la Ley Micaela. Esto da cuenta de cómo trabajamos la implementación de la ley”, sostuvo.
Periodista (P.): ¿Sentís que de alguna forma la Ley Micaela pone a discutir la importancia de la perspectiva de género en la macropolítica y que la agenda de género no es aislada?
Victoria Obregón (V.O.): Estamos en un momento muy histórico en ese sentido. Incluso por las luchas de la región, me cuesta pensar que no podamos analizar que esta perspectiva tiene que llegar a la macropolítica. Tenemos a una ex presidenta, que más allá de que se diga o no feminista, que representa un modelo para nosotras y para las niñas; hay presidentas en las Cámaras del Poder Legislativo; hay compañeras mujeres y travestis ocupando lugares que antes no ocupaban en la política. Esto tiene que ver con poder sumar a nuestra mirada la perspectiva de género y diversidad, que ha sido un sesgo histórico, y de poder hablar de violencia política. Sin lugar a dudas que toda esa fuerza y esa enunciación de los feminismos y de los movimientos de mujeres regionales y mundiales traen la importancia de sumar la perspectiva de género a la macropolítica.
Esto no se trata de sacarle nada a nadie, de cancelar a nadie, de anular voces. Al contrario: se trata de democratizar más los espacios. Cuando nosotras trabajamos con las máximas autoridades de algún organismo, llevamos algunas preguntas. Una de ellas tiene que ver con cómo se construyen los equipos de trabajo que toman decisión y qué voces, cuerpos y trayectorias de vidas están ahí. Cuando no hay determinadas voces, hay cuestiones que no se pueden considerar en la toma de decisión política.
P.: Uno de las demandas más importantes de la Ley Micaela tiene que ver con pensar la perspectiva del acceso a la Justicia. Se habla de la revictimización que existe en ese proceso. Concretamente, ¿de qué se habla cuando se habla de una reforma judicial con perspectiva de género? ¿Con qué espacio se encontraron a la hora de realizar las capacitaciones?
V.O.: Nosotros tendimos diálogo con los tres poderes del Estado nacional. Puedo dar cuenta, por mi propia experiencia, que cuestan los diálogos con el Poder Judicial porque hay sentidos que se construyen en el marco de la autonomía de cada poder -que una entiende- que hacen que cueste empezar a pensar por qué es importante una formación. Sin embargo hemos tenido diálogo con la Corte, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público de la Defensa y con el Ministerio Público Fiscal. Todos tienen su programa de Ley Micaela.
Cuando hablamos de lo que aporta una reforma judicial o por qué pensamos que es importante, creo que ayuda pensar las instancia de formación, sino también quiénes están participando y cómo llegan, cómo se escucha, cómo se está garantizando las voces de quienes necesitan de las instituciones de Justicia. Es muy amplio pensar el acceso a la Justicia y su estructura. Da mucho trabajo sensibilizar a quienes habitan esos espacios en una clave de pensar la interseccionalidad en esa función, que quiere decir que cuando una persona se acerca a cualquier espacio del Poder Judicial, está determinado por género, color de piel, edad u origen. Creo que sumaría pensar propuestas que ayuden a remover los patrones socioculturales y los estereotipos que siguen inmersos en las decisiones del Poder Judicial.
P.: Existen expresiones muy concretas de personas que ocupan cargos públicos que hablan de eliminar el Ministerio de las Mujeres. Uno se pregunta qué pasó con sus capacitaciones.
V.O.: En principio son enunciaciones de candidatos. Hay que ver cómo resuena eso en la sociedad. Este ministerio y otros organismos que fueron abriéndose en todo el país hemos tratado de dejar como mensaje que nosotros trabajamos en el abordaje de la prevención, que es lo primero que tiene que hacer el Estado porque es la deuda más fuerte: los femicidios. Pero también trabajamos muy fuertemente en abordar la desigualdad de género estructural; y esas desigualdades no les afectan a las mujeres, gays y travestis nada más. Sí impacta diferente en esas vidas, pero te afecta a vos, a tus vecinos y a tu familia. Va más allá.
Es necesario entender que un ministerio no hace políticas para una minoría, sino para una sociedad. Son políticas para hablar de igualdad y equidad; para pensar en los privilegios que tienen algunas personas en detrimento de otras. Creo que cuando se instala que las estructuras del Estado son un gasto y no un aporte a una sociedad, se vuelve una charla muy compleja. Creo que eso obtura un debate posible. El Estado tiene que garantizarle la vida plena en términos de derechos a todos. Cada ministerio tuvo su por qué en su constitución como tal. El de Mujeres, Géneros y Diversidad también tuvo un por qué. Nosotras trabajamos para toda la sociedad para desandar violencias que son estructurales en nuestra sociedad.
