Tras presentar las bases del proyecto de ley corta para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema por tabla de factores de las isapres a inicios de este mes y reanudar la mesa de trabajo con esa industria este miércoles a casi dos meses de su suspensión, la ministra de Salud Ximena Aguilera aterrizó ayer las definiciones en curso para lograr restituir los cobros en exceso a los afiliados sin comprometer la viabilidad financiera del sector.

Al abordar los ejes de la propuesta que debe avanzar a contrarreloj para cumplir el plazo establecido por el máximo tribunal que vence a fines de mayo, la titular de Salud dijo ayer en un seminario organizado por Espacio Público que este diseño establecerá un proceso de cumplimiento de este dictamen con “gradualidad” atendiendo el “fuerte y complejo impacto financiero de un pago retroactivo de una magnitud relevante”.

Por ello, argumentó que el objetivo es “la convergencia hacia una sostenibilidad financiera, que estamos explorando en este momento, ya que tenemos que ver que no se afecte la seguridad de los cotizantes o la continuidad de sus cuidados”.

Es así que respecto de los objetivos de este trabajo -que hasta ahora tiene comprometida la entrega del proyecto de ley hacia la primera semana de abril, Aguilera explicó que “actualmente, estamos evaluando una propuesta que establezca una progresividad del cumplimiento del fallo, distinguiendo entre los tres efectos que tiene financieramente: la suspensión de los menores de dos años -elemento que podría entrar en un primer momento-; la aplicación de la tabla de factores, que significaría una reducción en los ingresos futuros, y las devoluciones de los excedentes”.

“La mecánica, los plazos y la gradualidad, son temas estimativos que estamos modelando y la forma en la cual se logre, o por lo menos se vislumbre, una sostenibilidad que dé facilidades para que efectivamente se cumpla el fallo, algo en que podemos seguir avanzando a través de distintos modelos”.

Junto con precisar que “no es efectivo que no sepamos la mecánica por la cual se tiene que calcular”, la titular del Minsal indicó que “de lo que necesitamos tener claridad es de las cifras exactas y cómo afecta los flujos financieros de cada empresa, para evaluar transparentemente cuál es la forma más lógica, gradual, responsable y prudente de dar cumplimiento al fallo”.

En el seminario en el cual participaron los exsuperintendentes de Salud Sebastián Pavlovic y Patricio Fernández, y el economista David Debrott,  la titular del Minsal valoró la reanudación del diálogo con las isapres, indicando que “cualquier solución tiene que tener su participación”. En este sentido, indicó respecto del trabajo con los privados reanudado esta semana que “nosotros tenemos solamente una estimación general y hay información detallada -cuántos contratos están afectados, cuántas personas, cuáles son los montos- que solo ellos tienen y que necesitamos para ver las alternativas de salida a esta situación”.

Al establecer las “líneas rojas o bordes de la propuesta de solución” a la crisis de la industria, reiteró que los fundamentales requisitos son que “no debe implicar un mayor gasto fiscal” y también “exigencias a las isapres relacionadas con una mayor eficiencia”, punto respecto del cual explicó que “no podría haber retiro de utilidades mientras exista una deuda con los afiliados (...) eso tiene que implicar flexibilidad en el sentido de que no todos están en una misma condición y hay isapres que están más desafiadas”.

En su análisis, la secretaria de Estado reconoció el riesgo que implica la crisis de las isapres para el sector prestador de salud privado. “Existe una interconexión de este sistema. Si se establece un problema financiero mayor producto de la aplicación del fallo, puede afectar como un coletazo la liquidez de las clínicas privadas. Y como rector del sistema de salud, que se produzca una crisis sistémica que impacte finalmente en la población general, entendiendo que el 40% de las prestaciones que otorgan los prestadores privados se otorgan a beneficiarios de Fonasa”, indicó.